
La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samané Blas. La diligencia se realizó en el marco de las investigaciones del escándalo del retraso del material electoral a los centros de votación para las Elecciones Generales 2026.
La Fiscalía investiga a los funcionarios de la ONPE por el presunto delito de colusión. El motivo es porque habría realizado la solicitud del servicio de transporte del material electoral. Samamé Blas fue, presuntamente, el funcionario que firmó los términos de referencia o requisitos (TDR) para la adjudicación del contrato a la empresa Servicios Generales Galaga.
Esta empresa era la encargada de la distribución del material electoral, pero tuvo enormes retrasos.
La detención del ahora exfuncionario de la ONPE se realizó en las oficinas de la institución luego de haber presentado su renuncia ante el jefe de la entidad, Piero Corvetto. En su misiva que data del 12 de abril, el exgerente reconoció su responsabilidad sobre las fallas logísticas que afectaron el proceso electoral y lamentó "profundamente lo sucedido".
Carta de renuncia del funcionario de la ONPE
En esa misma línea, Samamé Blas adelantó que se pondrá a disposición de las autoridades que realizan las investigaciones correspondientes del caso.
"Asumo esta decisión para no entorpecer ni generar suspicacias en la integridad, transparencia y ejecución de estos comicios; reconozco el compromiso y valioso trabajo que viene realizando la ONPE para el mejor desarrollo de estas elecciones, y agradezco la confianza depositada", escribió.
Es importante señalar que la empresa Galaga acumuló más de S/36 millones en contratos con el Estado; sin embargo, con la ONPE contó con una adjudicación de S/6.3 millones para el proceso electoral. La elección de esta empresa se llevó a cabo a pesar de que el ente electoral la había penalizado con más de S/64.000 entre 2020 y 2023.
A través de un comunicado, la empresa Galaga aseguró que cumplió con todas las obligaciones establecidas en el TDR del servicio contratado por la ONPE y que se encuentran sustentados y documentados. En esa misma línea, sostuvo que el servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la entidad electoral.
Asimismo, mencionó que las demoras registradas en la etapa final del proceso "no responden a incumplimientos contractuales, sino a factores ajenos" a su responsabilidad operativa. Por esos motivos, rechazan cualquier información que "pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas, cuando estas responden a un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas".
Galaga, empresa que transporta material electoral
En ese mismo comunicado, la empresa consideró que las declaraciones del jefe de la ONPE han generado un impacto negativo en su imagen y reputación, "sin haberse evaluado previamente todas las circunstancias que rodearon la ejecución del servicio".
En esa línea, Galaga solicitó a la ONPE que "disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados a su imagen institucional".
Adicionalmente, la empresa informó que brindaron la información correspondiente al contrato a la Dircocor en presencia del Ministerio Público.





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