Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses

El Poder Judicial amplió las medidas de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado por la investigación en su contra por presunta organización criminal establecida en el gobierno castillista entre 2021 y 2022.

Para Pedro Castillo, la medida de prisión preventiva por este caso inició en marzo 2023 y se extendió por 12 meses más, hasta marzo de 2027, por decisión de juez Edhin Campos Barrenezuela.

En el caso de Alvarado, también cumple la medida restrictiva desde marzo 2023. El juez Juan Carlos Checkley le impuso siete meses más, es decir, hasta octubre del 2026. Al respecto, la defensa del exministro, Humberto Abanto, indicó que aún no ha sido notificado de esta decisión y que tienen posibilidad de apelar.

Sobre el caso

El expresidente Pedro Castillo y su exministro Geiner Alvarado son investigados por el Ministerio Público por la presunta conformación de una organización criminal que habría operado dentro del Estado durante su gobierno. Según la tesis fiscal, esta red habría estado orientada a direccionar obras públicas y contratos desde distintos ministerios —principalmente Vivienda y Transportes— a favor de empresas y allegados, a cambio de beneficios económicos ilícitos.

La investigación sostiene que Alvarado, desde su rol ministerial, habría tenido una participación clave en la ejecución de proyectos cuestionados, mientras que Castillo sería señalado como el presunto líder de la organización. Ambos afrontan pesquisas por delitos vinculados a corrupción, en un caso que se apoya en declaraciones de colaboradores eficaces, registros documentales y otras diligencias fiscales que buscan esclarecer el funcionamiento de esta supuesta red dentro del aparato estatal.

Tras las primeras denuncias y reportes periodísticos sobre irregularidades en la adjudicación de obras públicas, el Ministerio Público inició diligencias preliminares para recabar indicios. En esta fase se incluyeron declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, así como el análisis de contratos y visitas registradas en dependencias del Estado.

Con el avance de las pesquisas, la fiscalía formalizó la investigación preparatoria, al considerar que existían elementos suficientes que vinculaban a ambos con una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo. Según la hipótesis fiscal, Castillo habría ejercido el rol de líder, mientras que Alvarado habría sido uno de los operadores desde el Ministerio de Vivienda y otras carteras.

En paralelo, se realizaron allanamientos, levantamiento del secreto de comunicaciones y otras diligencias destinadas a reforzar la tesis fiscal. Las defensas de Castillo y Alvarado han cuestionado las imputaciones, sosteniendo que no existen pruebas concluyentes y denunciando supuestas irregularidades en el proceso.