Nada ni nadie frena la extorsión a transportistas: 93 fallecidos y 76 lesionados

En Perú, la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana. Según cifras del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, en Lima Metropolitana y Callao, se registraron 125 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público, con 169 víctimas: 93 fallecidas y 76 lesionadas.

Las víctimas de estos delitos se extienden desde los choferes hasta pasajeros y cobradores, es decir, ciudadanos del común, muchos de los cuales optan por no denunciar. Expertos en seguridad estiman que solo entre el 25% y el 30% de los afectados acude a las autoridades, debido al miedo o la desconfianza en las instituciones.

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Diversas investigaciones y denuncias señalan que los centros penitenciarios han dejado de ser espacios de resocialización para convertirse en verdaderas plataformas de operación del crimen organizado, desde donde se coordinan extorsiones, amenazas y fraudes con total impunidad.

La crisis de seguridad, sin embargo, se refleja en el crecimiento de estructuras delictivas que operan en Lima Metropolitana y el Callao, afectando tanto a zonas urbanas como rurales, generando un sentimiento generalizado de indefensión.

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Expertos en seguridad como Wilfredo Pedraza, Eduardo Pérez Rocha y Remigio Hernani advierten sobre la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

“Más allá de las posturas políticas, el fenómeno pone sobre la mesa un desafío urgente: restablecer el control institucional, proteger a las víctimas y devolver la confianza ciudadana en un país donde la extorsión se ha vuelto parte del miedo cotidiano”, señala Pedraza, exministro del Interior.

CIFRAS SON ALARMANTES

Un estudio reciente del Observatorio de Criminalidad ha identificado las principales características de los atentados en el transporte público, ocurridos en Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.

Así se establece que, en el 2024, de agosto a diciembre hubo 18 fallecidos y 13 lesionados (31 víctimas en total), en tanto que, en el 2025, de enero a diciembre, se contabilizaron 75 fallecidos y 63 lesionados, es decir, 138 víctimas en total.

En el 2024 se produjeron 20 atentados, mientras que el año pasado se registraron 105. En Lima Norte hubo 41 atentados que dejaron 24 fallecidos y 25 lesionados; mientras que, en Lima Sur hubo 31 atentados que provocaron la muerte de 24 personas y lesiones a otras 27.

En Lima Este fueron contabilizados 25 atentados que dejaron 17 fallecidos y 10 lesionados; en Lima Centro hubo 10 atentados con 10 fallecidos y 4 lesionados; mientras que, en el Callao, se registraron 9 atentados con 11 fallecidos y 8 lesionados; y en Lima Noroeste se registraron 9 atentados con 7 fallecidos y 2 lesionados.

LA MAYORÍA SON HOMBRES

El estudio del Ministerio Público reveló que de las 169 víctimas que dejaron los atentados vinculados a actos de extorsión en el transporte público 148 fueron hombres de los cuales 86 fallecieron y 63 quedaron lesionados, en tanto que21 de las víctimas fueron mujeres de las cuales 7 fallecieron y 14 terminaron lesionadas.

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Asimismo, se identificó que 145 víctimas fueron de nacionalidad peruana de los cuales 77 fallecieron y 68 terminaron heridos; mientras que, también hubo 15 víctimas de nacionalidad venezolana de los cuales 11 dejaron de existir.

De las víctimas peruanas, 74 (51,0 %) corresponden a migrantes internos (38 fallecidos y 36 lesionados), provenientes principalmente de Junín (15).

114 CHOFERES ATACADOS

Otro dato relevante es que, del total de las víctimas, 114 fueron choferes de los cuales 71 fallecieron y 43 terminaron heridos; asimismo0 hubo 38 pasajeros de los que 12 fallecieron y 26 resultaron heridos; mientras que, hubo 7 cobradores, de los cuales 5 fallecieron y 2 quedaron heridos.

De las 163 víctimas 46 fueron atacadas en ómnibus, 39 en combi, 32 en mototaxi, 15 en autocolectivo, 15 en cúster, 13 en miniván colectivo, 3 en taxi. Asimismo 6 víctimas fueron atacadas fueras de un transporte público, en tanto que 45 en la vía pública y 1 en un local comercial.

Las investigaciones demostraron que 165 fueron asesinados a balazos y 4 por artefacto explosivos. En 129 casos se usó vehículo: 110 motocicleta, 7 motocicleta-auto, 6 auto, 4 motocicleta-mototaxi y 2 mototaxi. En 16 casos no se usó vehículo y 24 casos están en investigación.

Para el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público las principales víctimas de estos atentados fueron los conductores de las unidades de transporte público (67,5 %), seguidos por pasajeros (22,5 %) y cobradores (4,1 %).

Esta distribución sugeriría una orientación directa de la violencia hacia quienes operan o se encuentran expuestos de forma cotidiana en el sistema de transporte, lo que refuerza la presunción de que estos ataques estarían vinculados a dinámicas de extorsión y control territorial por parte de redes delictivas.

Desde una perspectiva sociodemográ­ca, las víctimas fueron predominantemente hombres (87,6 %), de nacionalidad peruana (85,8 %) —con una alta proporción de migrantes internos (43,8 %)—, y una concentración etaria entre los 40 y 49 años (29,0 %).

USO DE ARMAS DE FUEGO

En cuanto al contexto de los hechos, la mayoría de los ataques se produjeron dentro de unidades de transporte —principalmente buses, combis y mototaxis—, durante la noche y en días laborales (miércoles a viernes), lo que podría sugerir una lógica operativa orientada a la visibilidad del acto violento.

Por su parte, el uso de armas de fuego (97,6 %) y motocicletas como medio de ataque o fuga (76,3 %) reforzaría la hipótesis de planifi­cación y profesionalización de los perpetradores. Territorialmente, los atentados se concentraron en distritos geográ­ficos con alta densidad poblacional y niveles signi­ficativos de informalidad, como San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores.

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En este sentido, el fortalecimiento de las capacidades investigativas, la protección efectiva de testigos y la articulación interinstitucional podrían contribuir en la reversión de esta situación que, a la fecha, demanda una respuesta integral del Estado que combine estrategias de prevención, persecución del delito, y protección de las víctimas y testigos.

EL GIES NO ESTÁ FUNCIONANDO

Este jueves, 5 de marzo, más de 8 mil choferes anunciaron la suspensión de sus labores debido a un paro de transportes en protesta por la violencia que no tiene freno en ese sector.

La convocatoria fue lanzada por la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), que representa a más de 100 empresas formales. La movilización contó con el respaldo de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani).

La medida reclama la implementación de la Ley N° 32490, promulgada durante el gobierno del expresidente José Jerí, que contempla compensaciones e indemnizaciones para los deudos de conductores asesinados.

Y es que, de acuerdo a la Cámara Internacional de Transporte, seis transportistas que eran extorsionados han sido asesinados en Lima y Callao en lo que va del 2026.

Los choferes afirman que nada ni nadie frena la violencia y que las medidas prometidas no han sido ejecutadas.

Incluso denunciaron que el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que tendría que articular acciones entre la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía, no está funcionando.