Esterilizaciones forzadas: Corte IDH dará a conocer su fallo en el caso de Celia Ramos

Mañana jueves 5 de marzo se conocerá la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la muerte de Celia Ramos, una madre de familia piurana, que fue presionada para someterse a una esterilización forzada, y la responsabilidad de Estado peruano en este caso. Abogadas de las ong Demus y Cejil, que representan a sus deudos, esperan que el fallo les permita acceder a la justicia y que signifique, además, una garantía para que estos hechos no vuelvan a suceder.

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María Isabel Cedano, de Demus, recalcó que la sentencia de la Corte IDH es de cumplimiento obligatorio, definitivo e inapelable. "Esperamos que sea una instancia de justicia y reparaciones integrales para los familiares de la víctima, y también que requieran al Estado peruano cambios estructurales de ordenamiento jurídico y de política públicas que garanticen un consentimiento libre, previo e informado de las personas que acuden por servicios de salud sexual y reproductivos", indicó.

Recordó que el Ministerio de Salud reportó alrededor de 270 mil ligaduras de trompa y vasectomías como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori, y se estima que, la mayoría se realizaron sin consentimiento libre e informado. "Aún hoy no hay seguridad de que se les informe bien en una posta o centro de salud en zonas rurales y de pueblos indígenas no les explican en su lengua materna. Y en zonas urbanas se supone que por ser mujeres adultas, tienen que comprender de lo que se trata", refirió.

Delito de lesa humanidad

Gisela de León, directora legal de Cejil, recordó que a Celia Ramos, le aseguraron que someterse a la ligadura de trompas era como sacarse una muela, y la buscaron varias veces para que ceda. "En el centro de salud no había condiciones adecuadas y sufrió un paro respiratorio producto de la anestesia y falleció luego de unos días", relató.

Remarcó que Celia no dio su consentimiento informado para someterse a la cirugía. "No hay ningún documento que lo compruebe, sino más bien varias evidencias que demuestra que ella fue presionada", manifestó.

Detalló que casi 7 mil mujeres han sido incorporadas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) y continúan esperando por justicia y reparaciones integrales. Indicó que ello esperan que la Corte considere el caso como un crimen de lesa humanidad porque se dio en un contexto de una práctica sistemática y generalizada.

"Hubo la intención de que las mujeres fueran sometidas a la esterilización forzada. Y señalar que es un crimen de lesa humanidad obligaría al Estado a continuar con las investigaciones de los otros casos, porque sería un delito que no prescribe", comentó.