Corte IDH escuchará a hijas de víctima de esterilización forzada
Celia Ramos perdió la vida tras someterse a una ligadura de trompas sin información en Piura. Corte Interamericana de Derechos Humanos también verá medidas provisionales por ley anti-ONG.
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Las hijas de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori, relatarán ante los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cómo sus vidas se transformaron a raíz de la muerte de su madre, quien la dejó aún niñas.
En 1997, Celia fue al centro de salud de La Legua, en Piura, donde la presionaron para someterse a una ligadura de trompas. Durante la intervención quirúrgica, ella sufrió un paro respiratorio. Ni el personal de salud ni el centro médico contaban con los recursos ni la capacidad para atenderla. Celia falleció 19 días después. Tenía solo 34 años.
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Fue una de las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas, ocurridas en un contexto de conflicto armado interno en el Perú.
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Sin embargo, este es el primer caso sobre esterilizaciones forzadas que llega a la Corte IDH y tiene doble importancia, pues se ha concedido un tiempo para exponer las afectaciones al derecho a la defensa de las hijas de la víctima que ocasiona la ley APCI, más conocida como anti-ONG.
Corte IDH sesiona en Guatemala. El juez Alberto Borea (primero de la derecha), por ser peruano, debe abstenerse en los casos de su país. Crédito Corte IDH
Rocío Silva Santisteban, directora de Demus —una de las organizaciones que representan a los familiares de Celia, junto con Cejil y el Centro de Derechos Reproductivos—, destaca que el hecho de que este caso llegue a la Corte IDH es muy importante, pues el fallo que dicten será de obligatorio cumplimiento en nuestro país.
Detalló que en la audiencia, a realizarse el jueves 22 de mayo, además de las hijas de Celia, participarán los representantes del Estado y peritos presentados por ambas partes.
Remarcó que, además, el tribunal interamericano ha concedido 20 minutos para que expongan los peligros de la ley anti-ONG para que las víctimas no puedan acceder a las justicia, motivo por el cual presentaron un pedido de medidas provisionales.
“Hemos evaluado nuestra participación. Porque podían sancionarnos por participar. Sin embargo, el tribunal ha dicho claramente que el Estado no puede sancionarnos ni fiscalizarnos, pues el reglamento de la Corte IDH dice que no pueden impedir que una víctima escoja a quien lo represente”, indicó Silva Santisteban. ❖
