
El congresista Alejandro Muñante destaca en sus redes sociales los rostros de 16 candidatos evangélicos de Renovación Popular bajo la consigna: “¡Voto cristiano!”. Entre ellos se encuentran el mismo Muñante y la pastora Milagros Jáuregui, quien recientemente ha protagonizado un escándalo por la exposición de un grupo de niñas víctimas de abuso sexual “albergadas” en un centro de propiedad de su “iglesia”.
La República ha encontrado que seis de los 16 aspirantes evangélicos de Renovación Popular al Congreso registran denuncias policiales por conductas que ensombrecen la prédica religiosa que profesan.
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Durante el último periodo congresal, Muñante y Jáuregui promovieron leyes que se ajustan a sus creencias religiosas, pero que implican la vulneración de derechos, especialmente de mujeres y niños. Ahora buscan ampliar su presencia en el Congreso con personas que pertenecen a diferentes “iglesias” evangélicas, como Irma Palomino Padilla, candidata a diputada por la región Apurímac. Palomino es integrante de la comunidad evangélica Agua Viva, cuya fundadora, propietaria y pastora, Ada Lazo de Hornung, ejerció como legisladora entre 2006 y 2011.
La aspirante Irma Palomino Padilla registra cuatro denuncias policiales.
Bloque religioso. Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante van por la reelección congresal. Foto: FB Milagros Aguayo
La primera se presentó en 1993 por el delito de falsedad ideológica, es decir, por presuntamente fraguar documentos para alterar la verdad de los hechos. Otra denuncia fue en 2010, por faltas contra las personas. En 2016, Palomino enfrentó una denuncia por el delito de apropiación ilícita. En 2017, la volvieron a imputar por el mismo delito. Y en 2019, fue acusada por conducir un vehículo que contaba con requisitoria.
En declaraciones para La República, Palomino aceptó la existencia de las denuncias. Sin embargo, precisó que en ninguno de estos casos concluyó con “sentencia firme” porque posteriormente fueron “archivadas”.
“Mi trayectoria pública y profesional ha sido transparente, y seguiré enfocada en trabajar por Apurímac con responsabilidad y compromiso”, declaró Irma Palomino.
Fanatismo. Muñante lidera campaña de evangélicos para el Congreso. Foto: FB Alejandro Muñante
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El congresista Esdras Medina Minaya, miembro de la iglesia evangélica Las Asambleas de Dios del Perú, postula a la reelección en representación de Arequipa. Medina aparece en los registros policiales con tres denuncias.
En 2017, la madre de sus hijos, Yanet Mamani Gonzáles, lo denunció por violencia contra la mujer. El parte policial consigna que Medina maltrataba constantemente de forma verbal y psicológica a dos de sus hijas. Yanet Mamani dejó una constancia en la comisaría indicando que una de sus hijas viviría con ella por su bienestar emocional ante los ataques de su progenitor.
Entre 2015 y 2018, Esdras Medina era regidor municipal de Arequipa, y ejerciendo dicho cargo, pretendió intervenir un establecimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). No le correspondía dicha función, por lo que fue denunciado por el delito contra la administración pública.
Seguidamente, en septiembre de 2023, siendo congresista, Esdras Medina fue denunciado por Carolina Chinchay Guerra por los delitos de estafa y otras defraudaciones. La denunciante imputa a Medina de vender su terreno a otra persona por la suma de US$35.000.
Medina no respondió a las solicitudes de entrevista de este diario para que formule sus descargos.
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El candidato a diputado por la región Lima, José Guerra Velásquez, no es ajeno a las intervenciones policiales. En 2010, Guerra fue intervenido en Surquillo por la policía por conducir con síntomas visibles de ebriedad. En marzo de 2013, pasó lo mismo por conducir un auto que no coincidía con la placa del rodaje. Y en septiembre del mismo año, como parte de un operativo de alcoholemia, nuevamente fue intervenido porque salió positivo en la prueba.
Ante una consulta de La República, José Guerra negó todas las denuncias y afirmó que nunca había sido intervenido por esos hechos. Se le indicó que La República contaba con los registros y que se los compartía para que hiciera su propia verificación, pero las rechazó. Sin embargo, la placa del auto mencionado en los partes policiales coincide con un vehículo que es de propiedad del candidato.
“Creo que hay un error, de repente está confundiéndose de candidato, pero no es como ustedes me indican. Definitivamente, no tengo ningún tipo de denuncias y mucho menos referidas a temas de ebriedad. Definitivamente, no”, alegó Guerra, en contradicción con lo que indican la base de datos policial.
Por su parte, la aspirante ayacuchana Gremy Azocar Fajardo, hermana de la “Iglesia Cristiana Famicris”, presenta en la base de datos policial una imputación por violencia contra la mujer. En diciembre de 2020, Daisy Dipas Torres testificó ante la policía que Gremy Azocar profirió amenazas. Además, cambió la cerradura de la casa donde vivía junto con Irvin Azocar Fajardo.
Entre 2021 y 2022, la policía visitó el domicilio de la denunciante para verificar que Gremy Azocar estuviera respetando las medidas de protección concedidas a favor de Daisy Dipas.
“Mi participación en las denuncias que tengo es en calidad de denunciante y agraviada, más no de denunciada, investigada o imputada. En el único caso en el cual lamentablemente me vi involucrada es por un tema familiar en el año 2021. Pero ya fue archivado, porque se demostró que yo no tenía ningún tipo de responsabilidad al respecto”, argumentó. “Al final se demostró que yo no tenía ningún tipo de responsabilidad al respecto. Incluso ya solicité que se anule el registro del sistema de la fiscalía”, explicó Gremy Azocar.





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