
Los fujimoristas mantienen su posición. En su plan de gobierno de 138 páginas, Fuerza Popular no hace ninguna mención sobre los 50 fallecidos durante la violenta represión del Gobierno de Dina Boluarte, sino que, al contrario, se dedica a cuestionar las protestas sociales que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
En una parte de su análisis relacionado al sector turismo, el partido de la candidata presidencial Keiko Fujimori sostiene que las movilizaciones ciudadanas sucedidas en Puno, Ayacucho, Apurímac, Junín, Arequipa, Cusco, Lima y La Libertad deterioraron la imagen internacional del Perú, lo cual terminó afectando al turismo.
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“Uno de los factores más relevantes en la decisión de viaje es la percepción de orden. El Perú ha sufrido una erosión de imagen internacional desde las protestas de 2022-2023, lo que generó la caída de más del 40% en reservas internacionales entre enero y marzo de 2023, especialmente en destinos como Cusco y Puno”, se lee en su plan de gobierno que no tiene ni una sola línea rechazando la violenta represión policial y militar.
De esta manera, el partido de la candidata presidencial Keiko Fujimori decidió mantener la defensa férrea que ha mostrado en torno a la responsabilidad de la exmandataria en estos lamentables hechos. Por ejemplo, en setiembre del 2025, con los votos de Fuerza Popular, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por los asesinados durante las protestas sociales.
"No nos sorprende (la posición de Fuerza Popular) porque son parte de este pacto mafioso que puso en el poder y utilizó a Dina Boluarte para sus intereses. Y que no se olvide que si bien ella es responsable directa, los partidos que la pusieron, también son responsables del asesinato de 50 peruanos", respondió Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno.
Samillán también señaló que diversos partidos políticos, como Fuerza Popular, no respetan el derecho a la protesta, por lo que justifican el asesinato de 50 personas.
Mediante una revisión de los planes de gobierno de los 39 partidos políticos habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), La República ha podido detectar que cuatro de ellos proponen la creación de una Comisión de la Verdad sobre las muertes ocurridas durante las protestas sociales en Puno, Ayacucho, Apurímac, Junín, Arequipa, Cusco, Lima y La Libertad. Ofrecen esto, según sus razones, con el objetivo de otorgar reparaciones civiles a los familiares de los asesinados tras la represión policial y militar.
De estas cuatro agrupaciones políticas que participarán en las elecciones del próximo 12 de abril, tres son de izquierda y una de derecha. En el primer grupo se encuentran Venceremos, Ahora Nación y Juntos por el Perú, que llevan como candidatos presidenciales a Alfonso López Chau, Ronald Atencio y Roberto Sánchez, respectivamente. En tanto, en el segundo está solo Libertad Popular, cuyo candidato presidencial es Rafael Belaúnde.
Enterados de estas propuestas por La República, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, y Yovana Mendoza, presidenta de la Asociación de Víctimas del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, no pudieron disimular su desconfianza.
Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, y Yovana Mendoza, presidenta de la Asociación de Víctimas del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, explicaron que llegarán a Lima el próximo miércoles 28.
“Vamos a realizar una marcha de sacrificio que empezará en San Vicente de Cañete el domingo 25”, afirmó Samillán, quien dijo que conmemorarán el tercer año del asesinato de Víctor Santisteban en la capital. “También realizaremos un plantón frente a la Fiscalía exigiendo la activación del equipo especial que ve las muertes”, dijo.

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