Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Con el claro objetivo de querer intimidar a los jueces que procesan a efectivos del Ejército acusados de asesinar a más de 30 campesinos de la comunidad ayacuchana de Cayara en 1988, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, asistió a la audiencia virtual en que abogados de los acusados sustentan. Los magistrados anunciaron que resolverán sobre el tema este mes.

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Más temprano anunció en su post que asistiría a la audiencia asegurando que los militares no "pueden ser procesados por hechos ocurridos hace 38 años aduciéndose, falsamente, el delito de lesa humanidad". Dice que los magistrados tienen "pésimos antecedentes", e incluso señala que si "no acatan la ley, deberán ser denunciados de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y penalmente".

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Rospigliosi, promotor de la ley que busca la impunidad para las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000 en el conflicto armado interno, incluso señala que "si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión".

El legislador afirma que el proceso por el caso Cayara es por un enfrentamiento con terroristas ocurrido en 1988 en esa localidad ayacuchana, cuando en realidad se trata de un juicio contra efectivos del Ejército que el 14 de mayo de dicho año asesinaron a pobladores de esa localidad en el marco del operativo "Persecución", en respuesta a un ataque subversivo a un convoy militar producido un día antes en la zona de Erusco, en el que perdieron la vida cuatro militares.

Resolverán este mes

Los jueces no decidieron si aplicarán la norma que permitiría la prescripción de los graves delitos que cometieron, sin embargo, señalaron que lo harán antes del periodo vacacional, que para el sistema judicial se lleva a cabo en el mes de febrero. Por lo tanto, tienen un poco más de dos semanas para anunciar su aplicarán el control de convencionalidad como requiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos o asumirán la decisión del Tribunal Constitucional (TC).