
El Pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios (68) para inhabilitar por 10 años de la función pública al expresidente Pedro Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez, y al exministro del Interior, Willy Huerta, por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.
A pesar de que se contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular, en el caso de Castillo se obtuvo 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, mientras que en el de Chávez Chino 54 a favor, 22 en rojo y 4 abstenciones.
El Hemiciclo no logró ratificar el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y que contó con el visto bueno de la Comisión Permanente que recogía las denuncias constitucionales 547 y 575 presentados por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).
La propuesta de inhabilitación señalaba que Pedro Castillo Terrones, Betssy Chávez Chino y Willy Huerta habrían transgredido más de 20 artículos de la Constitución al anunciar la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022, declarar un gobierno de excepción y proponer la reorganización de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
Durante la sesión del Pleno, el expresidente se defendió junto con su abogado y aseguró que no cometió un golpe de Estado y culpó al Parlamento de "quitarle el poder" cuando ejerció como mandatario.
"Ustedes el día de hoy van a defender una aberración y una barbaridad jurídica, señores congresistas. Estoy seguro de que a la hora que pidan el voto, los que marcan el botón verde, son aquellos que sí o sí, producto de una elección, no querían que un hijo del pueblo llegue a Palacio de Gobierno", dijo.
Es preciso resaltar que por este caso, los antes mencionados han sido condenados a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para rebelión.
En el caso de Castillo ya se encuentra cumpliendo con la sentencia en el penal de Barbadillo, donde también se le impuso una inhabilitación de 2 años de la función pública.
Por el lado de Huerta Oliva, deberá esperar que la sentencia sea ratificada en segunda instancia para poder ser recluido en un centro penitenciario. Si no es así, seguirá en libertad.
Mientras tanto, en caso de Chávez Chino, ella se encuentra asilada en la Embajada de México desde noviembre de este año a la espera de un salvoconducto para salir del país.

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