
El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua entró a su etapa final con los alegatos de la Fiscalía y la Procuraduría. El fiscal Germán Juárez ratificó su pedido de 15 años de prisión, 9 años de inhabilitación y el pago de S/151.580 por días multa, al sostener que quedó probado el pago de S/1 millón de Obrainsa al entonces gobernador de Moquegua. Además, señaló que los movimientos bancarios del exmandatario no sustentan sus gastos personales y que mantuvo plena competencia para firmar los contratos de las obras, pese a haber delegado algunas funciones.
Por su parte, Mario Vizcarra, hermano del expresidente, cuestionó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las calificó de “no contundentes”. Tras la exposición de los alegatos, la jueza del Cuarto Juzgado Colegiado Nacional dispuso que la defensa de los acusados presente sus argumentos el jueves 20 de noviembre, en una audiencia presencial, con lo que el proceso judicial quedará listo para la lectura de sentencia.
La audiencia de este jueves concluyó tras la exposición de los alegatos finales de la Fiscalía y la Procuraduría en el juicio contra Martín Vizcarra. La jueza del Cuarto Juzgado Colegiado Nacional dispuso que la defensa de los acusados presente sus argumentos el jueves 20 de noviembre a las 8:30 de la mañana, en una sesión presencial, con lo que el proceso ingresará a su última fase antes de la lectura de sentencia.
El hermano del exmandatario y actual precandidato presidencial, Mario Vizcarra, cuestionó la solidez de los elementos presentados por el fiscal Germán Juárez en el juicio contra Martín Vizcarra. En declaraciones a Epicentro TV, sostuvo que “hace cinco años están repitiendo lo mismo” y que las pruebas “no son contundentes”, al advertir que varios testigos “tienen una dependencia laboral con los colaboradores eficaces”, lo que —según dijo— resta credibilidad a sus testimonios.
Durante su intervención, la Procuraduría señaló que Martín Vizcarra mantuvo plena competencia para suscribir contratos vinculados a obras del Gobierno Regional de Moquegua, pese a haberla delegado. Aclaró que dicha delegación no implicaba la pérdida ni transferencia de su facultad, ya que podía ser revocada en cualquier momento, por lo que el exgobernador seguía siendo el titular responsable de las decisiones contractuales bajo su gestión.
Durante los alegatos finales, la Fiscalía ratificó su pedido de 15 años de prisión contra Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, al considerar probado que el exmandatario recibió sobornos cuando fue gobernador regional. Además, solicitó su inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos y el pago de más de S/151 por concepto de días multa.
La Fiscalía expuso que el levantamiento del secreto bancario de Martín Vizcarra no permitió identificar movimientos significativos que expliquen cómo el exmandatario cubría sus gastos personales. Según el informe, Vizcarra mantenía dos cuentas de ahorro en el Banco de Crédito del Perú (BCP), una cuenta en el Banco de la Nación —donde percibía su sueldo como funcionario— y dos tarjetas de crédito en Interbank, sin que en ninguna de ellas se evidencie un flujo financiero acorde a su nivel de vida.
Durante los alegatos finales, la Fiscalía afirmó que quedó acreditado el pago de S/1 millón de la empresa Obrainsa a Martín Vizcarra, respaldado con el testimonio del gerente de la constructora, documentos financieros, el cheque correspondiente y declaraciones adicionales de otros involucrados.

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