
José Jerí se pronuncio tras el comunicado de la Cancillería que señala que plantearán ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas tras el asilo que México le ha otorgado a la ex ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez. El presidente afirmó que no darán ninguna respuesta hasta el momento, por lo que Chávez tendrá que permanecer en la embajada y no podrá salir del país.
"Lo hemos coordinado con el señor canciller, lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros conocemos los tratados, sabemos las obligaciones y sabemos los defectos que tiene el sistema internacional. Por eso el canciller ha hecho la propuesta de modificación para que no se tergiverse la figura del asilo. No nos vamos a pronunciar y en consecuencia, al no entregarse el salvoconducto, no podrá viajar a México", señaló.
De acuerdo con el comunicado que publicó la Cancillería en redes sociales se menciona que el derecho de asilo político ha perdido su razón y se estaría usando para personas que no son perseguidos políticos. "Se ha constatado en distintos casos -no solo vinculados al Perú-, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política", se lee.
Es importante recordar que Chávez se encuentra siendo procesada por el delito de rebelión debido al intento fallido de golpe de Estado del gobierno del expresidente Castillo. El Ministerio Público solicita penas de 25 y 34, respectivamente. El juicio se encuentra en su etapa final y el Poder Judicial está próximo a dictar sentencia de este caso.
Chávez estuvo en prisión preventiva desde el 20 de junio de 2023. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que la prolongación de la prisión preventiva en su contra era inconstitucional porque se dictó tras haber vencido el plazo original de 18 meses sin que hubiera una resolución válida autorizando la continuación de la medida.
En el marco del proceso por el intento de golpe de Estado, el Ministerio Público reafirmó su acusación contra el expresidente Pedro Castillo, para quien solicita una condena de 34 años de prisión por el delito de rebelión, debido a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver de forma inconstitucional el Congreso.
Asimismo, la Fiscalía pidió 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez, también acusada en el caso y actualmente asilada en la embajada de México, a la espera de que se determine si se le concederá el salvoconducto que le permitiría viajar a ese país.
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos también precisó cuál sería la sanción si el tribunal decide cambiar la acusación de rebelión a conspiración. En ese escenario, el fiscal Edward Casaverde señaló que se solicitaría una pena total de 19 años y 30 días de prisión para Castillo, distribuida en 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; y 6 años y 9 meses por grave perturbación.

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