
El Ejecutivo oficializó este miércoles 5 de noviembre una serie de cambios al Reglamento del Código de Ejecución Penal, para que, de esta manera, la nueva normativa extiende la responsabilidad penal a los adolescentes de 16 y 17 años. La norma ha generado preocupación en organismos internacionales y especialistas, que advierten que los menores, lejos de ser rehabilitados, podrían verse influenciados por el entorno carcelario y continuar una trayectoria criminal.
Según el Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano, esta modificación permitirá que los menores dentro de ese rango de edad sean juzgados y procesados bajo el sistema penal de adultos, conforme a lo dispuesto en la reciente reforma del Código Penal.
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Aunque los adolescentes de 16 y 17 años ahora podrán ser procesados dentro del sistema penal de adultos, el decreto precisa que seguirán protegidos por el principio del interés superior del adolescente. Esto significa que deberán recibir un tratamiento penitenciario especializado, centrado en la rehabilitación y el respeto de sus derechos, y no únicamente en el castigo.
El nuevo artículo 5-A introduce además el principio de flexibilización, que permite asignar a los adolescentes internos el régimen penitenciario más adecuado a su perfil personal, dejando de lado el modelo progresivo que se aplica a los adultos.
Del mismo modo, la norma dispone que los jóvenes entre 16 y 21 años estarán bajo un sistema de individualización científica, el cual evaluará su edad, entorno social y nivel de desarrollo psicológico para determinar el tipo de tratamiento y el lugar donde cumplirán su condena.
Esta medida contempla más de 30 tipos penales considerados graves, entre ellos el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas, así como delitos relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.
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Sobre el tema, Mario Amoretti, abogado penalista, señaló a La República que, aunque hay menores o adolescentes que cometen delitos graves, como el sicariato, estos son utilizados y mandados por criminales adultos.
Asimismo, criticó su eficacia porque hasta el momento no se tiene conocimiento de que algún adulto haya sido objeto de investigación o haya recibido sanción alguna por involucrar a menores en hechos graves.
“¿Por qué la policía no investiga y no se llega a establecer quiénes están utilizando a los menores? Pero desgraciadamente, aquí se opta por lo más básico. Se busca sancionar drásticamente a estos adolescentes”.
Recordó que la misma situación ocurrió en la época de Fujimori, cuando se tuvieron que corregir todas las sentencias que se habían dictado en contra de los menores. Añadió que, hace cinco o seis años, los menores que cometían estos actos delictivos eran sancionados como infractores, a pesar de ser menores de 18 años.
“Una vez cumplidos los dieciocho años, pasan a una cárcel, pero separados de los adultos, porque, desgraciadamente, son víctimas de abusos sexuales”.
Amoretti mencionó que otro problema que existe es la sobrepoblación en los centros penitenciarios.
Sostuvo que no hay cárceles adecuadas para los adultos, y menos aún para los menores. A pesar de que hace años se propuso la construcción de pabellones separados para ellos, hasta el momento no se ha construido ninguno.
“Ni siquiera hay planes para construir estos penales”.
Asimismo, las agencias (Unicef, Unfpa, Oficina contra la Drogas y el Delito) alertan que esta medida no contribuirá a reducir la inseguridad ni la criminalidad en el país, ya que el 98% de los delitos graves son cometidos por adultos. Por el contrario, señalan que enviar a adolescentes a cárceles comunes junto a personas adultas podría aumentar su vulnerabilidad y el riesgo de que sigan una trayectoria delictiva.

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