
El Poder Judicial ordenó a la empresa Rutas de Lima S.A.C. suspender de inmediato el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. La decisión judicial se emitió bajo multas consecutivas en caso de incumplimiento. Esta nueva medida se da ante la demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad de Santa María del Mar en contra esta concesionaria.
La medida se basa en un antecedente establecido por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del expediente N° 01072-2023-PHC/TC, emitida en marzo de 2024. En esta resolución, el TC ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje en el tramo de Puente Piedra y argumentó que la concesionaria había vulnerado el derecho al libre tránsito de los residentes de esa zona y los usuarios de la carretera.
El Tribunal precisó que, aunque no cuestionaba la validez del contrato de concesión en sí, sí señalaba que la falta de vías alternas adecuadas hacía que el cobro del peaje resultara injustificado y afectara derechos fundamentales. Esta sentencia sentó un precedente legal que ahora se extiende a otras zonas concesionadas, como Villa y Punta Negra.
En este caso se estima que el cobro de peajes en la Panamericana Sur genera una recaudación anual de alrededor 130 millones de dólares, lo que da cuenta de la magnitud del negocio para Rutas de Lima.
Y es que la tensión en torno a estos peajes se intensificó en junio de 2025, cuando la municipalidad de Santa María del Mar y Rutas de Lima se enfrentaron judicialmente sobre la continuidad de seis estaciones de peaje en el sur de la Panamericana. La controversia central giraba en torno al cumplimiento de una obligación contractual establecida durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, que exige la disposición de vías alternas adecuadas para los usuarios, de modo que se respete el derecho al libre tránsito, protegido por la Constitución.
La falta de estas alternativas ha sido uno de los principales puntos de fricción entre las autoridades locales y la concesionaria.
Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, destacó que el día de hoy representa un gran paso en la reivindicación del derecho al libre tránsito para los ciudadanos. "Las vías han estado secuestradas durante mucho tiempo, y nuestra población ha estado obligada a pagar sumas exorbitantes por un servicio deficiente".
Además, criticó las condiciones de las estaciones de peaje y señaló que entrar a uno de ellos como un verdadero "calvario". Sostuvo que las personas deben esperar hasta una hora en largas filas, lo cual genera un desorden total. Además, señaló la falta de mantenimiento en las zonas aledañas a las vías que están bajo concesión, lo que evidencia la deficiencia en la administración de estas infraestructuras.
Ante esta situación, Rutas de Lima calificó esta decisión como una medida ilegal, arbitraria y abusiva, que vulnera tanto sus derechos como las obligaciones internacionales del Estado peruano. La empresa sostiene que esta decisión forma parte de una campaña de hostilidad dirigida principalmente por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en la que han participado varias entidades del Estado contra la compañía y sus inversionistas.
" Esta nueva decisión judicial priva a RDL del 100% de los ingresos que le restaban después de sucesivas medidas del Estado peruano, y se enmarca dentro de la campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado contra RDL y sus inversionistas", se lee en el comunicado.

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