Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

Con 16 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones se aprobó en la Subcomisión Acusadora la denuncia constitucional hecha por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por presuntamente haber cometido los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, al designar a Daniel Soria Lujan como procurador general del Estado sin cumplir con los requisitos para el cargo.

La sustentación del informe estuvo a cargo de la congresista Lady Camones de Alianza Para el Progreso y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Será ella misma la encargada de sustentar la denuncia ante el Pleno del Congreso.

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La acusación también menciona a Ana Teresa Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos, por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido de cargo y nombramiento ilegal. Sin embargo, Camones precisó que en el caso de Revilla el plazo del antejuicio constitucional venció el último febrero, dato que será comunicado a la fiscalía.

Martín Vizcarra no presentó descargos

Durante la sesión, se constató que Vizcarra fue notificado de manera formal para que ejerciera su derecho a la defensa y presentara sus descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, al no responder al llamado, su ausencia fue catalogada como "injustificada".

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó su informe final el pasado 23 de enero. Dicho informe fue elevado a la Comisión Permanente seis días después, el 29 de enero, y ha permanecido en dicha instancia sin ser debatido durante los últimos ocho meses.

Martín Vizcarra acumula tres inhabilitaciones para ocupar cargos públicos

La primera inhabilitación fue de diez años y se aprobó en abril de 2021, como consecuencia del denominado caso "Vacunagate", donde se le acusó de haberse vacunado irregularmente contra la COVID-19 antes que el personal de primera línea. La segunda inhabilitación, impuesta en mayo de 2022, fue por un periodo de cinco años por infracción constitucional relacionada con la omisión de renunciar a su empresa familiar mientras ejercía el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La tercera y más reciente inhabilitación, aprobada en junio de 2025, es nuevamente por un periodo de diez años. Esta sanción fue impuesta por el cierre inconstitucional del Congreso de la República que Vizcarra ordenó el 30 de septiembre de 2019, acusado de infringir el artículo 134 de la Constitución. Con esta última resolución, el expresidente, que había sido elegido congresista en 2021, ha quedado impedido de postular o ejercer cualquier función pública hasta el año 2046.