
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a las autoridades peruanas abstenerse de aplicar la ley de amnistía, que favorece a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Ante esta situación, el gobierno de Dina Boluarte rechazó la medida y calificó como “inaceptable” la postura del organismo.
La resolución se dictó en calidad de medida cautelar con el objetivo de impedir que la ley tenga efectos legales hasta que la Corte emita un fallo definitivo. Esto ocurre luego de que la presidenta Dina Boluarte promulgara la norma, pese a que el tribunal había ordenado detener su trámite.
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El pronunciamiento de la Corte IDH se da en relación del seguimiento de las sentencias emitidas por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que el grupo Colina asesinó a 25 personas. Ambos casos se convirtieron en casos emblemáticos de justicia internacional y motivaron la condena a 25 años de cárcel contra el expresidente Alberto Fujimori como autor mediático.
Ante este panorama, la Presidencia se pronunció a través de las redes sociales y señaló que “el Gobierno del Perú considera inaceptable esta decisión de la Corte IDH. La Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario, y no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna”.
Asimismo, el comunicado resalta que el Perú es un país soberano y democrático, comprometido históricamente con el respeto a los derechos humanos.
Esta respuesta surge luego de que la Corte IDH ordenara a los jueces peruanos no aplicar, por ahora, la ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte tras su aprobación en el Congreso. La medida busca impedir que esta norma tenga efectos legales hasta que el tribunal emita una decisión definitiva sobre el caso.
No obstante, la Presidencia advierte que el Perú continuará analizando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a la vez, la posibilidad de impulsar una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el funcionamiento de sus órganos.
“Nuestro país padeció el terrible embate del terrorismo que pretendía subvertir el Estado de derecho y la democracia, lo cual generó un gran sufrimiento en nuestra población. Los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente vulnerados por los delincuentes terroristas, originándose una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana", se lee,

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