
La presidenta Dina Boluarte se ha propuesto reconstruir por un monto aproximado a los S/500 millones el centro reclusión de la isla El Frontón, en el Callao, para albergar a dos mil delincuentes de alta peligrosidad. Sin embargo, durante su gobierno, Boluarte no ha conseguido completar cinco proyectos de habilitación de penales por S/760 millones en Ica, Chincha, Arequipa, Cajamarca y Pucallpa, para la reclusión de 14 mil 355 presidiarios.
Desde el sangriento develamiento del motín de presos acusados de terrorismo, en 1986, lo que conllevó a la destrucción de la infraestructura del local, El Frontón permaneció clausurado por así 40 años. Pero el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, ha convencido a la jefa de Estado para edificar un nuevo establecimiento penitenciario en el mismo lugar.
Santiváñez ha pasado por alto que hace poco el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dependiente del Ministerio de Justicia, descartó la reconstrucción de El Frontón por una serie de razones técnicas.
A esto se suma que se encuentran pendiente la ejecución de cinco proyectos de cárceles, que podrían aliviar el grave hacinamiento en todos los penales en el territorio nacional. El gobierno de Boluarte durante su periodo de gestión no ha logrado concluir con las obras, pero pretende emprender la habilitación de un nuevo centro penitenciario en el terreno de lo que fue el nefasto penal El Frontón.
Según la base de datos de las obras públicas en curso (Infobras), el INPE tiene a su cargo el mejoramiento de la infraestructura del penal Chincha, el complejo penitenciario de Arequipa, el centro penitenciario de Pucallpa y el de Cajamarca.
Por su parte, el Ministerio de Justicia es responsable del nuevo penal de Ica.
En el caso del penal de Chincha, con una inversión de S/ 55 millones, adjudicada en 2018 a la empresa Atenas Ingenieros quedó paralizada ese mismo año por incumplimiento de contrato. La construcción, que albergará a 3,493 reos, no avanzó nada en lo que va del gobierno de Boluarte.
Chincha. Con capacidad para 3,493 presidiarios, este complejo no avanza nada desde 2018. Foto: Contraloría
Una situación similar se repite en el complejo penitenciario de Arequipa, que desde el 2018 permanece abandonado el proyecto de ampliación de la capacidad de albergue y la construcción de áreas complementarias. La obra, adjudicada al Consorcio Penitenciario Misti —conformado por Impresa Pizzarotti & C. y CMO Group-, tuvo una inversión de S/ 191 millones y estaba destinada a beneficiar a 2,465 internos. La obra quedó inconclusa debido a controversias.
Arequipa. Diferencias entre el contratista y el Estado impiden la conclusión de este centro penitenciario para 2,465 reclusos. Foto: Contraloría
La rehabilitación y ampliación del centro penitenciario de Pucallpa, obra adjudicada en 2019 al consorcio Ejecutor Ucayali —integrado por las empresas Desial y Weihai Construction Group Company Limited— quedó estancada por discrepancias. Se destinaron S/126 millones para que el local recluya a 2,808 internos.
Pucallpa. Por controversias con la constructora, el penal se quedó sin concluir. Se preveía acoger a 2,808 presidiarios. Foto: Contraloría
En tanto, el proyecto de mejoramiento y ampliación del penal de Cajamarca, cuya ejecución se entregó a la compañía Atenas Ingenieros por S/3 millones, en 2023, está paralizado por conflictos sociales. En este penal se esperaba recibir a 2,421 reclusos.
Cajamarca. Desde 2023, este penal previsto para recibir a 2,421 reclusos, está congelado. Foto: Contraloría
Y respecto al penal de Ica, el Ministerio de Justicia otorgó la buna pro en 2018 al consorcio compuesto por Impresa Pizzarotti, CMO Group y Constructora MPM, por S/383 millones. Con un presupuesto de S/3,168 millones, problemas contractuales motivaron el congelamiento de las obras.
Si bien cuatro de los proyectos se iniciaron en otros gobiernos -y uno en el suyo-, la gestión de Boluarte virtualmente dejó inconclusas las obras públicas.
En Ica. Esta obra a cargo del Ministerio de Justicia, proyectado para albergar a 3,168 presos, quedó abandonado desde 2018. Foto: Contraloría
En lugar destrabar y completar los proyectos de los penales de Ica, Chincha, Cajamarca, Arequipa y Pucallpa, para recluir hasta 14,355 presidiarios, la presidenta Boluarte y su ministro Santiváñez adelantaron una primera inversión destinada al financiamiento del nuevo penal El Frontón para 2 mil internos.
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“Es un penal que va a costar 500 millones de soles y que tendrá un albergue para 2 mil internos. En el segundo día de gestión (como ministro de Justicia) ya comprometimos 174 millones de dólares para la construcción de El Frontón”, explicó Santiváñez a Radioprogramas.
El ministro de Justicia afirmó que estudios técnicos respaldaban la factibilidad de rehabilitar El Frontón. Empero, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, quien ejerció el cargo entre diciembre de 2022 y abril de 2025, lo negó.
“La verdad es que los informes técnicos que hizo el INPE niegan la posibilidad de construir ese penal. Hay un informe donde técnicamente se responde que no es viable. Seguramente que lo van a hacer, pero, ¿bajo qué características? Ese es el gran tema”, explicó Llaque.
“Se dice que van a construir el penal El Frontón con la modalidad de fast-track (vía rápida). Es decir, sin expediente técnico. Ojalá que tengan éxito. Eso nunca ha ocurrido en la historia de nuestro país. Nunca se ha construido un penal en la modalidad de fast-track. Las exigencias que se demanda para aplicar el modelo no son fáciles de cumplir. Me preocupa porque conozco el Estado, porque conozco la institución”, apuntó Llaque.
Incluso la proyección de una inversión de S/500 millones para construir un penal en El Frontón con una capacidad de albergue de 2 mil individuos, fue cuestionado por el especialista.
“Un penal con todas las condiciones adecuadas de trabajo, de estudio bajo la mirada de la reinserción, no baja de los 3 mil millones de soles. También he escuchado mencionar un costo de 700 millones. Estas proyecciones son inexactas”, concluyó Javier Llaque.

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