
Los coordinadores nacionales y representantes de las Fiscalías Especializadas y Penales del Ministerio Público alertaron que desde septiembre "están en riesgo todas las diligencias fiscales" debido a la negativa del Ejecutivo de asignarles el presupuesto solicitado, el cual asciende a S/81 millones.
El representante de las Fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, Mirko Cano Gamero, precisó que la Fiscalía ha realizado 8 demandas para intentar contar con el presupuesto adicional, pero todas han sido denegadas. Esto pese a que la institución "ha demostrado eficiencia en el gasto. El año pasado se logró un ejecución presupuestal del 97%, a la fecha es de más del 60%", indicó el fiscal Cano.
Como consecuencia, las acciones necesarias para atender los casos de cada fiscalía especializada se verían afectadas. Según detallaron, "se podrían paralizar operativos importantes contra el crimen organizado y la extorsión y los de detección temprana en caso de trata de personas".
"Las redes de corrupción seguirían creciendo por falta de profesionales y recursos", expresó Cano. Por su parte, Rosario Isabel Quico, fiscal superior titular - coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, indicó que no podrían "seguir ubicando e identificando a las víctimas de desapariciones forzadas y los grupos de personas vulnerables quedarían más expuestas". Por otro lado, tampoco podrían "concluir investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en las protestas del 2022 y 2023".
El coordinador de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público, Andrés Montoya, expresó: "El Ejecutivo ha declarado que debemos luchar juntos contra la minería ilegal y contra el crimen, que no es momento de enfrentarnos entre instituciones y estamos totalmente de acuerdo con ello. Nuestro éxito es parte de un trabajo conjunto, pero no podemos exigir a los fiscales que trabajen sin las mínimas condiciones".
En el mismo sentido, fiscal superior provisional - Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, Rosa Romero indicó: "Solicitamos atender el pedido presupuestal del Ministerio Público a fin de garantizar que exista justicia para todas las personas. La justicia no es un gasto. Es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia".

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