Fiscalía: organización criminal presuntamente liderada por Juan José Santiváñez habría cobrado al menos 180.000 dólares ilícitos

La Fiscalía ha acusado a Juan José Santiváñez de liderar una organización criminal durante su gestión como titular del Ministerio del Interior. Según documentos del Ministerio Público a los que accedió La República, esta red habría cobrado 180.000 dólares a cambio de beneficios ilegales. De ese monto, 160.000 dólares se habrían recaudado mediante una negociación privada vinculada a la recuperación de una instalación minera a través de un operativo policial.

Los primeros 20.000 dólares, presuntamente obtenidos por la red liderada por el actual ministro de Justicia, habrían provenido del exjefe de la Policía Nacional del Perú, Gregorio Villalón Trillo.

De acuerdo con los avances de la investigación, testigos protegidos han señalado que varios suboficiales y oficiales de la PNP habrían actuado como operadores de esta organización, incluso hostigando a quienes colaboraban con la justicia.

En una reunión realizada a fines del 2024 entre Percy Tenorio, señalado como operador de la red de Santiváñez, y Marco Palacios, este último habría solicitado al entonces ministro del Interior, a través de una llamada telefónica, que evitara el retiro de los generales PNP David Pablo Villanueva Yana y Gregorio Martín Villalón Trillo.

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La Fiscalía sostiene que Santiváñez habría obligado a su interlocutor a elegir entre uno de los dos oficiales con la pregunta: “¿Villanueva o Villalón?”. Ante ello, Tenorio habría intervenido en favor de Villalón, argumentando que era parte de su promoción en la PNP y que podía brindar apoyo en diversas actividades ilícitas, como ya lo había hecho anteriormente, según la propia Fiscalía.

Tras la decisión, Santiváñez habría ordenado a Tenorio comunicar a Villalón Trillo que debía pagar 20.000 dólares para conservar su cargo en la Policía. Paralelamente, la Fiscalía Penal de Lima Centro recibió una denuncia contra dos suboficiales PNP (Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito), quienes, pese a estar asignados como custodios de una testigo clave del caso Ícaro, habrían abusado de su posición para hostigarla, intimidarla y obtener información confidencial sobre la investigación. Este hecho ha sido tipificado como obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje.

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Juan José Santiváñez: 160.000 dólares por la recuperación de una empresa minera

Entre agosto y septiembre del 2024, Santiváñez habría ejecutado una serie de acciones para favorecer al empresario Franco Parodi Gianella en la recuperación de la mina 'El Dorado'. Para ello, el entonces ministro del Interior habría dispuesto la intervención de oficiales de la PNP en un supuesto operativo destinado a devolver la empresa a Parodi Gianella. Por estas gestiones, Santiváñez habría cobrado 160.000 dólares.

Según la investigación fiscal, Percy Tenorio solicitó inicialmente a Parodi Gianella y al financista de la mina, Gianfranco Meza, el pago de 60.000 dólares para desplegar un operativo policial encabezado por el director de Medio Ambiente de la PNP, Gregorio Villalón Trillo.

En dicho operativo se acusaría a los actuales dueños de la mina de delitos ambientales. Además, se pidió que Nicanor Boluarte fuera incorporado como trabajador de la mina, de modo que pudiera acreditar arraigo laboral en caso de enfrentar un pedido de prisión preventiva. Parodi y Meza aceptaron el trato y entregaron la suma solicitada, lo cual —según la Fiscalía— era de pleno conocimiento de Santiváñez.

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Posteriormente, Tenorio habría alquilado vehículos para el traslado del personal policial dispuesto por Villalón Trillo, entonces jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP. El operativo fue difundido en las redes sociales del Consejo Regional de Ayacucho.

Ese mismo mes, se solicitó un segundo pago de 100.000 dólares bajo la misma modalidad. Tenorio pidió la suma a Parodi y Meza para cubrir eventuales conflictos sociales que pudieran surgir durante el operativo. Así, los empresarios vinculados a la mina terminaron desembolsando un total de 160.000 dólares en favor de la organización criminal.

Por estos cobros ilícitos y otras conductas delictivas, la Fiscalía sostiene que la red criminal presuntamente liderada por el actual ministro de Justicia habría incurrido en diversos actos de corrupción, entre ellos colusión simple y cohecho pasivo, propio e impropio, entre otros.

El Ministerio Público también evalúa si las amenazas y presiones contra testigos forman parte de un patrón de obstrucción a la justicia que buscaría frenar los avances de la investigación contra Santiváñez y sus presuntos operadores.