
El expresidente Ollanta Humala declaró desde el penal de Barbadillo para minimizar las acusaciones de la Fiscalía, cuyos representantes argumentaron que presenta peligro de fuga y no tiene arraigo laboral ni familiar.
Los dicho se dieron como parte de la audiencia de en la que la defensa de Ollanta solicitaba la suspensión de ejecución provisional de pena por lavado de activos. En ese contexto, el exmandatario señaló que él su esposa no se refugió, sino que buscó asilo político porque eran víctimas de hostigamiento en ese aspecto.
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Además, aseguró que él nunca tuvo intenciones de salir del país. "Ellos dicen que Lula Da Silva es mi amigo o mi cómplice. Deben entender que la figura de asilo político existe y es legal. (...)¿Por qué tendría que fugarme? Estoy defendiendo mi inocencia, si hubiera querido asilarme lo hubiera hecho hace tiempo", respondió.
En ese sentido, sostuvo que sí cuenta con arraigo familiar y laboral porque su familia depende económicamente de él. "Dependo económicamente de mi pensión.
"¿Quién me daría trabajo? Como militar solo puedo trabajar en el ejército peruano y como político en el Perú. Por el bienestar de mis hijos y mi esposa debo seguir acá defendiendo nuestro honor e inocencia. Me den ustedes o no la posibilidad de defenderme en libertad, voy a lucha por la inocencia y el honor de mi familia", indicó.
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En abril pasado, el expresidente Ollanta Humala fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, debido a los aportes ilegales que habría recibido de Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Su esposa, Nadine Heredia, también fue hallada culpable del mismo cargo y recibió la misma pena de 15 años de cárcel, al ser identificada como la responsable de la dirección de dichas campañas. Sin embargo, el mismo día de la sentencia solicitó asilo político en Brasil y viajó a ese país acompañada de su hijo menor.
En el mismo proceso, el hermano de Nadine, Ilán Heredia, fue condenado a 12 años de prisión.
El Tribunal fijó además una reparación civil de 10 millones de soles (aproximadamente 2,67 millones de dólares) a favor del Estado peruano.
Durante la lectura del fallo, la magistrada precisó que la campaña del 2006 recibió alrededor de un millón y medio de soles, fondos que habrían provenido de la embajada de Venezuela. Asimismo, detalló que en la campaña de 2011, que llevó a Humala a la presidencia, se detectó un financiamiento irregular de unos 3 millones de dólares, procedentes de Odebrecht en Brasil.

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