
El Poder Judicial dispuso ampliar el plazo de detención preliminar por cinco días más contra los topógrafos colombianos capturados el último domingo en la Isla Santa Rosa (Loreto) mientras realizaban mediciones y registros en territorio peruano. La medida, solicitada por el Ministerio Público, busca dar más tiempo a las diligencias y pericias pendientes en el marco de la investigación por "atentar contra la soberanía nacional".
El titular del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla precisó que el plazo entró en vigencia desde el día de su detención, el 12 de agosto último y se amplía hasta el 19 del presente mes.
Referente a la intervención, esta fue ejecutada por un equipo de veinte agentes y se desarrolló en las aguas cercanas al puerto de Santa Rosa. Ambos individuos fueron trasladados a la comisaría local, donde se les comunicó que cualquier actividad en territorio peruano debe ser coordinada con las autoridades, incluso en áreas de libre tránsito para los residentes.
Al momento de su detención, los profesionales indicaron que desconocían la obligación de tramitar permisos especiales para realizar este tipo de actividades en territorio peruano y se justificaron diciendo que, en realidad, trabajaban para un proyecto de infraestructura de carácter privado en su país.
Esto fue respaldado por la ministra de Transportes de Colombia, María Fernanda Rojas, quien señaló que los trabajadores, contratados en el marco del proyecto de ampliación del muelle Victoria Regia de Leticia, hacían parte de un contrato del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Abogados de la empresa constructora acudieron a la comisaría de Santa Rosa para afirmar que existía un convenio entre autoridades colombianas y peruanas que autorizaba la labor.
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Ante esta situación, Petro, se pronunció en su cuenta de X calificando como ilegal la detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa y afirmó que es un secuestro. Además, señaló que Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro.
"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro", se lee.

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