
El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado al penal de Barbadillo tras la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien ordenó una prisión preventiva de cinco meses en su contra. Esta medida responde a las acusaciones de presuntamente haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), en el marco de los proyectos Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.
La Fiscalía, liderada por Germán Juárez Atoche, ha solicitado una condena de 25 años de prisión y una reparación civil de S/4.6 millones por el presunto perjuicio económico causado. Sin embargo, en la última audiencia, el juez Chávez Tamariz leyó una presunción de sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad. El juicio oral, iniciado en octubre de 2024, se encuentra en su fase final, con la lectura de piezas procesales. Le sigue la prueba complementaria y finaliza con los alegatos finales.
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El fiscal Juárez Atoche estimó que el juicio concluirá en tres o cuatro meses; sin embargo, para el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, el caso podría estar terminando en uno o dos meses como máximo. "Yo soy más optimista que mi colega porque depende de algunos factores que están en la responsabilidad del Poder Judicial, no del Ministerio Público, que tiene que ver con la cantidad de horas y de audiencias que el colegiado pueda trabajar para culminar el juicio oral del señor Vizcarra", precisó Vela Barba para este diario.
Vela Barba también hizo énfasis en la importancia de una dedicación exclusiva de los órganos judiciales para acelerar los juicios de alto perfil, como el de Vizcarra. Mencionó que el caso del expresidente Alejandro Toledo fue resuelto en menos de un año gracias a esta misma dedicación: "Hemos venido pidiendo dedicación exclusiva de los órganos judiciales para que estos casos se puedan resolver con mucha prontitud. Tenemos una experiencia positiva en el caso del expresidente Toledo (...) Si es que fuera así, calculo que en un mes y medio, poco más de un mes debería estarse concluyendo con el juzgamiento".
Informó que en el caso de Vizcarra se están llevando a cabo dos audiencias por semana, con la expectativa de que la próxima se realice el 15 o 18 de agosto. Además, el equipo del fiscal Juárez Atoche ha solicitado al Poder Judicial que "se incremente como mínimo las horas de trabajo dentro de estas dos sesiones que ha programado". Vela agregó que esta solicitud es viable, ya que el mismo colegiado que lleva el caso Vizcarra también estuvo a cargo del caso Metro de Lima, cuyo juicio ya ha concluido, lo que ha permitido liberar parte de su carga procesal.
Uno de los abogados del expresidente y militante del partido Perú Primero, Alejandro Salas, informó que el propio expresidente de la República recibió una advertencia desde el Poder Judicial sobre una inminente orden de prisión preventiva en su contra, indicando que la resolución que ordenó su encarcelamiento ya estaba lista desde antes de la audiencia final.
“Él me llamó ayer y me dice que la suerte estaba echada, que ya hay una disposición digitada para que vaya a prisión, que ya la resolución la tienen redactada, pero que no se iba a correr, que igual iba a enfrentar la situación”, precisó para RPP. Añadió que esta advertencia fue el motivo de su último video subido a TikTok, en el cual asegura ya tenía conocimiento de la resolución dos días antes, por lo que se habría violado el principio de imparcialidad.
Confirmó que este jueves 15 de agosto presentarán una apelación contra la orden de prisión preventiva, solicitando que el caso llegue a una instancia superior para su revisión. Al respecto, el fiscal Rafael Vela declaró que el expresidente está en todo su derecho a apelar, como es el derecho de cualquier ciudadano de poder impugnar las decisiones que no lo favorezcan. "Hay que recalcar que la decisión de prisión preventiva que se ha ordenado es producto de una nulidad previa, que la discutimos precisamente en una apelación en segunda instancia y que el Poder Judicial decidió declarar nula la primera decisión", indicó.
Sin embargo, reconoce que se deberá volver a discutir las razones que se sustentaron para la prisión preventiva contra Vizcarra y que confía en que el Poder Judicial hará un análisis exhaustivo.
Un dirigente de Perú Primero, de la región Tumbes, se pronunció sobre la prisión preventiva contra Vizcarra, indicando que la decisión judicial no es definitiva y que entre los dirigentes ya tenían presente que esto podía pasar.
"No es una decisión final, no es una condena. No es un acto condenatorio ya de cierre. Es una prisión preventiva que mucho de nosotros, los militantes de Perú Primero, abarcábamos como posibilidad. En esta apelación a la primera decisión, en la cual no le dieron prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra, podría presentarse la posibilidad que le den la prisión preventiva", declaró a un medio local.
Por su parte, el partido liderado por el exmandatario emitió un comunicando expresando su total rechazo a la decisión judicial y catalogándola de "persecución político-judicial".
"Convocamos a nuestros militantes, dirigentes y simpatizantes a expresarse de manera pacífica, firme y masiva, tanto en las redes como en las calles, para defender el derecho del pueblo a elegir libremente y rechazar todo acto de persecución política", se puede leer. En ese contexto, han convocado a una movilización pacífica a los simpatizantes de Vizcarra para los exteriores del penal de Barbadillo.

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