
La congresista María Acuña Peralta presidió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso mientras afrontaba una investigación penal por fraude procesal y denuncia calumniosa, en abierta contradicción con el reglamento parlamentario. Según el documento fiscal revelado por 'Panorama', el Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria en su contra en junio de 2024, cuando ya ejercía el cargo, lo que la inhabilitaba para liderar ese órgano clave, encargado de evaluar denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado.
La denuncia penal se remonta a un conflicto por la entrega de lotes en Chiclayo entre la empresa Los Alizos E.I.R.L., en la que Acuña fue gerente, y el empresario Sergio Ciccia, quien la acusó tras ser demandado por presunta falsificación de documentos. Un peritaje oficial determinó que la firma en disputa pertenecía a la propia Acuña, lo que dio pie a la acusación penal. Pese a ello, no informó al Congreso de su condición de investigada y lideró procesos claves, como el archivamiento de las denuncias contra Dina Boluarte por el caso Rolex y las muertes en protestas.
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Denuncia penal contra María Acuña.
La congresista María Acuña Peralta enfrenta una investigación penal por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa, en el marco de un conflicto contractual ocurrido en Chiclayo cuando se desempeñaba como gerenta de la empresa inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L. La denuncia fue presentada por el empresario Sergio Ciccia en junio de 2023, luego de que Acuña, a través de su empresa, lo acusara falsamente de haber falsificado documentos relacionados con un contrato de habilitación urbana que incluía la entrega de terrenos como forma de pago.
Según el expediente fiscal, Los Alizos incumplió con entregar entre 15 y 20 lotes valorizados en aproximadamente 40 mil dólares cada uno. Para evitar dicha entrega, la empresa presentó una denuncia alegando falsificación de firmas en una minuta contractual. No obstante, un peritaje oficial ordenado por el Ministerio Público determinó que la firma en cuestión correspondía a la propia María Acuña. Con ese resultado, la Fiscalía formalizó en junio de 2024 una investigación preparatoria contra la actual parlamentaria.
Pese a estar al tanto del proceso —incluso rindió testimonio en abril de 2023—, Acuña no informó al Congreso sobre su condición de investigada, lo que violaría el reglamento parlamentario que prohíbe a congresistas con procesos penales abiertos presidir comisiones como la de Acusaciones Constitucionales.

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