
La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, podría ser inhabilitada por 10 años de ocupar cargos públicos, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobara su informe final con 12 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La exjefa del gabinete ministerial es acusada de ser una de las principales autoras del intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.
Ahora, el informe sustentado por el congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, será remitido a la Comisión Pemanente, donde pasará a ser evaluado y deberá ser aprobado para que sea debatido en el Pleno del Congreso y se decida, en última instancia, la sanción contra Chávez Chino.
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Durante su sustentación, el legislador sostuvo que la exprimera ministra habría actuado en conjunto con otros altos funcionarios para la realización del fallido golpe de Estado. “El día 27 de enero de 2023, el fiscal Marco Huamán Muñoz refirió ante la SAC fechas y hechos que tuvieron lugar después del fracasado golpe de Estado que culminó con la detención del expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, el fiscal refirió entre los elementos de convicción que existe evidencia de que la exjefa del Consejo de Ministros actuó de forma concertada conjuntamente con sus coinvestigados. Adicionalmente, presentó los testimonios de periodistas de TV Perú […], quienes fueron convocados por Chávez Chino para que se hiciera la cobertura del mensaje presidencial", relató.
Betssy Chávez, actualmente recluida por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, no presentó defensa legal durante la etapa de evaluación del informe que recomienda su inhabilitación. No obstante, podrá ejercer su derecho a la defensa y hacer sus descargos ante el Pleno del Congreso.
El informe, que será debatido en las siguientes semanas, propone sancionar a Chávez por una supuesta infracción constitucional vinculada al fallido intento de disolver el Parlamento en diciembre de 2022. La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Legislativo contra exfuncionarios involucrados en dicha ruptura del orden democrático. Otros exministros también enfrentan investigaciones por su participación en esos hechos.

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