Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, relevó a general PNP pese a que la ley no se lo permite

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de la polémica tras la exposición de conversaciones en las que habría ordenado el relevo de un general PNP en la región de Iquitos, según mensajes del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra'. El programa Cuarto Poder presentó chats del pasado 4 de junio, donde el ministro admite haber dispuesto el traslado del general de Iquitos a Lima. Esta decisión ha generado controversia, ya que la normativa vigente establece que tales acciones son competencia exclusiva del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, y no del titular del Ministerio del Interior.

• Santiváñez: Quiero tu opinión sobre el general de instrucción. ¿Está trabajando bien o no?
• Culebra: jajajaja Que quieres saber
• Santiváñez: Cómo está trabajando. En reserva hermano. Entre tú y yo.
• Culebra: Oe estás en tu casa. O despacho.
• Santiváñez: Despacho.
• Estoy relevando al general de Iquitos ahorita.
• Culebra: Puedes hablar? Unos minutos.
• Santiváñez: Sí, estoy solo.
• Culebra: ¿Has salido a hablar que lo has sacado al general de Iquitos?
• Santiváñez: No.
• Pero no he dicho nada porque en realidad no es mi función.
• Yo le he dispuesto al comandante general. Y es el que dentro de sus funciones ha previsto este tema.
• Culebra: Eso es lo que te iba a comentar, pero no has salido a hablar a los medios.
• Santiváñez: Yo no tengo mando y comando.

En efecto, esta acción está confirmada por la Resolución Suprema 119-2024, emitida el 10 de julio, que oficializa los relevos dispuestos por Santiváñez, infringiendo claramente las prerrogativas del Comandante General de la Policía, Víctor Zanabria, a quien legalmente le corresponden estas decisiones.

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A partir de estas conversaciones que Culebra ha proporcionado a la Fiscalía, los movimientos dentro de la PNP podrían tener injerencia de Juan José Santiváñez y de Dina Boluarte como parte de una estrategia de represalias contra oficiales que han sido críticos o han investigado a la presidenta. Por ejemplo, el caso del Coronel Harvey Colchado, quien fue removido de la jefatura de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) y enfrenta múltiples procesos disciplinarios tras dirigir operativos sensibles, como el allanamiento en la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

Además, se menciona al Coronel Franco Moreno Panta, quien fue convocado al Palacio de Gobierno poco antes de la orden de detención contra Nicanor Boluarte. Otro afectado sería el coronel PNP Walter Lozano, a quien se le habría ofrecido un ascenso a cambio de favores políticos, oferta que rechazó.

El gobierno habría impulsado modificaciones legales para facilitar estas acciones, como se observa en el Decreto Supremo 006-2024, que revisa la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional. Este decreto introduce nuevos requisitos que podrían ser utilizados para justificar el retiro de oficiales incómodos para la administración actual.

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Un nuevo comité especial, conformado por figuras cercanas al gobierno, ahora evalúa la idoneidad de los oficiales para determinar su permanencia o retiro, un cambio que ha sido visto por críticos como una manera de centralizar el poder y manipular las fuerzas policiales para fines políticos.