El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, relevó a un general PNP de su puesto en la región de Iquitos, según conversaciones del capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra' con él. En concreto, el dominical Cuarto Poder expone estos chats del último 4 de junio, donde el titular del Mininter admite haber ordenado el relevo del general de Iquitos a Lima, a pesar de que la ley no le permite realizar ese tipo de acciones que le competen al comandante general PNP Víctor Zanabria.
En efecto, esta acción está confirmada por la Resolución Suprema 119-2024, emitida el 10 de julio, que oficializa los relevos dispuestos por Santiváñez, infringiendo claramente las prerrogativas del Comandante General de la Policía, Víctor Zanabria, a quien legalmente le corresponden estas decisiones.
A partir de estas conversaciones que Culebra ha proporcionado a la Fiscalía, los movimientos dentro de la PNP podrían tener injerencia de Juan José Santiváñez y de Dina Boluarte como parte de una estrategia de represalias contra oficiales que han sido críticos o han investigado a la presidenta. Por ejemplo, el caso del Coronel Harvey Colchado, quien fue removido de la jefatura de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) y enfrenta múltiples procesos disciplinarios tras dirigir operativos sensibles, como el allanamiento en la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.
Además, se menciona al Coronel Franco Moreno Panta, quien fue convocado al Palacio de Gobierno poco antes de la orden de detención contra Nicanor Boluarte. Otro afectado sería el coronel PNP Walter Lozano, a quien se le habría ofrecido un ascenso a cambio de favores políticos, oferta que rechazó.
El gobierno habría impulsado modificaciones legales para facilitar estas acciones, como se observa en el Decreto Supremo 006-2024, que revisa la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional. Este decreto introduce nuevos requisitos que podrían ser utilizados para justificar el retiro de oficiales incómodos para la administración actual.
Un nuevo comité especial, conformado por figuras cercanas al gobierno, ahora evalúa la idoneidad de los oficiales para determinar su permanencia o retiro, un cambio que ha sido visto por críticos como una manera de centralizar el poder y manipular las fuerzas policiales para fines políticos.