Policías y militares fueron blindados por el Congreso al aprobarse la ley que prohíbe a jueces y fiscales ordenar y solicitar la detención preliminar y prisión preventiva contra los efectivos que usen su arma de fuego en una intervención. Pese a que la norma vulnera la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial, el presidente de este último órgano, Javier Arévalo, se mostró a favor de la decisión parlamentaria.
Durante la inauguración de una nueva Unidad de Flagrancia, en el distrito de San Martín de Porres, la máxima autoridad del Poder Judicial, sostuvo: “Estamos en guerra, y si estamos en guerra, los enemigos que nos disparan, que nos atacan, pues son abatidos, así de sencillo, señores”.
"Cualquiera de nosotros o de nuestros familiares o nuestros amigos puede circular por la calle y resultar muerto, uno sale y no sabe si va a regresar; pues bien, hay enemigos y esos enemigos son los criminales, y a los enemigos hay que combatirlos, no hay otra solución, señores”, agregó.
En contraposición, la congresista Susel Paredes, durante el debate del referido proyecto en el Pleno, resaltó que la norma vulnera la autonomía del Ministerio Público. "Estamos impidiendo funciones a un fiscal cuando el Ministerio Público es autónomo. Ya pues, cambiemos la Constitución de una vez y digamos que el Ministerio Público depende del Congreso. Dice: "El fiscal se encuentra impedido de solicitar detención preliminar y prisión preventiva"... Lo que va a pasar es que, tal vez, haya jueces que digan que no aplican normas porque es inconstitucional", manifestó frente al Pleno.
Por esto, la legisladora invocó al Parlamento a respetar la autonomía del Ministerio Público y repensar las leyes que están promulgando. "Yo estoy viva gracias a la policía, pero tampoco podemos hacer que el órgano competente para solicitar estas medidas sea limitado al extremo de ser impedido. Yo estoy muy preocupada por las normas que se están emitiendo. Qué estará pensando la gente de nosotros", alegó.
En la misma línea, la congresista Ruth Luque consideró que la decisión significa una "captura de la justicia". "Considero que el Congreso ha dado un paquetazo de impunidad legal. Eso es para mí lo que se ha generado no solo en el Pleno de ayer, sino en todos los anteriores. Lo que está detrás es la captura de la justicia. Una justicia que, con estas leyes, estará al servicio del autoritarismo y la impunidad", alertó la parlamentaria.
En lo que el presidente del PJ sí mostró su disconformidad fue en la eventual aprobación de una ley por parte del Congreso para fiscalizar a los jueces.
“Siempre vamos a rechazar las fiscalizaciones políticas, a nosotros nos fiscaliza la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, pero sobre todo nos fiscaliza toda la población, entonces no veo una razón para que haya una fiscalización especial del Congreso”, indicó.
De acuerdo con su perspectiva, la fiscalización política podría dañar el sistema democrático. “Una interferencia política podría crear un enfrentamiento innecesario en un momento donde todos debemos estar unidos contra la delincuencia”, precisó.