El programa dominical Cuarto Poder informó que el fiscal Ángel Astocondor, quien participó en la investigación de lavado de activos contra Dina Boluarte y Pedro Castillo, declaró que las decisiones de su superior, el fiscal provincial Richard Rojas, podrían haber beneficiado a Dina Boluarte. Según Astocondor, Rojas ordenó que el caso de la presidenta y el expresidente Pedro Castillo fuera investigado de manera separada al de otros acusados, como Vladimir Cerrón, en el proceso relacionado con la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.
La estrategia de Rojas, en noviembre de 2022, consistió en dividir la investigación en dos grupos. En uno de ellos se incluyó a Boluarte y Castillo, manteniéndolos en una fase preliminar sin formalización de cargos, mientras que a Cerrón y a otros miembros del partido se les investigaba activamente por lavado de activos. Esta separación permitió que la mandataria, en su rol de vicepresidenta y con una función clave en la estructura financiera de Perú Libre, evitara una orden de prisión preventiva.
Astocondor, en su testimonio, expresó sorpresa ante la decisión de Rojas de limitar el tiempo de investigación, ya que el plazo original era de 36 meses. Al ser consultado sobre si se le solicitó su opinión al respecto, señaló que no fue tomado en cuenta. Aunque se contaba con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre movimientos sospechosos en las cuentas de Boluarte Zegarra, Rojas decidió omitir estos datos en su evaluación, lo cual generó aún más sospechas de encubrimiento.
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló depósitos en efectivo por un total de 1.097.000 soles y 2.200 dólares en las cuentas personales de Boluarte entre 2016 y 2022. Según la UIF, el 64% de estos ingresos carecía de justificación económica. Los fondos habrían sido canalizados para apoyar la campaña de Perú Libre, presuntamente con el fin de triangular dinero procedente de actividades ilícitas de "Los Dinámicos del Centro".
En su testimonio, Boluarte confirmó que abrió dos cuentas a pedido de Richard Rojas, dirigente de Perú Libre, para recolectar dinero en apoyo a Cerrón, quien enfrentaba una deuda por reparación civil. Según su declaración, los fondos recaudados en estas cuentas fueron transferidos a la cuenta de Cerrón en diciembre de 2020. A pesar de estas admisiones, el origen de los fondos sigue bajo escrutinio, ya que no se cuenta con una explicación clara que respalde su procedencia.
"Recuerdo que tuve una comunicación con Vladimir Cerrón cuando hubo temblor en Mala, el señor sacó un twitter de que Lima ya está temblando y que ya van a proclamar como presidente a Pedro Castillo. No me pareció nada oportuno tales palabras y lo llamé para decirle que no debe comunicarse de esa manera porque lo que un temblor… lo primero que nos da es miedo y luego solidaridad con las personas que pudieran resultar afectadas. Y que no ayudaba en nada esos mensajes cuando estamos nosotros ahí enfrentándonos frente al fraude que decía la señora Keiko, para decirle eso lo llamé. Actualmente, no lo tengo registrado en mi celular.", fue la declaración indagatoria de la presidente Bolaurte.
El caso, que permanece en fase preliminar para Boluarte, se complica con cada revelación. La fiscalía especializada continúa investigando el papel específico de la presidenta como encargada de finanzas de Perú Libre. A pesar de los interrogatorios, ningún testigo ha logrado refutar la hipótesis de que los fondos utilizados en la campaña provinieron de actividades ilícitas de la presunta red criminal.