En medio de los cuestionamientos a la ley de impunidad que limita la aplicación del delito de lesa humanidad desde julio del 2002, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la pena de 12 años de prisión al exministro Daniel Urresti por el crimen del periodista Hugo Bustíos, remarcando que en graves casos de violaciones a derechos humanos no aplica la prescripción.
La sentencia, dada a conocer el martes, refiere que más allá de que el caso sea calificado como lesa humanidad, como sostuvo la Fiscalía en su momento, no hay ninguna duda de que se trata de una grave violación a los derechos humanos.
Detalla que por la forma en que se cometió el delito, “un asesinato con voladura de una de las víctimas en pedazos, una tentativa de asesinato”, en cumplimiento al derecho convencional “no se puede dejar de investigar y sancionar por la excusa de la invocación de figuras jurídicas sustentadas por un aspecto atemporal (como es la prescripción)”.
Agrega que un impedimento normativo del derecho penal interno no puede impedir el proceso, “ya que la imprescriptibilidad de estos crímenes es propio del derecho internacional consuetudinario, teniendo el carácter de norma ius cogens”.
El general Luis Pérez Documet quien se encuentra prófugo, acaba de pedir acogerse a la ley de impunidad, para redimir así su condena de 15 años de prisión como autor mediato, por haber sido jefe político militar del Frente Mantaro, de la desaparición forzada del profesor César Hilario Trucios, en 1991.
General Luis Pérez Documet está prófugo, pero ha pedido que prescriba el caso de desaparición forzada por la que fue condenado a 15 años de prisión. Archivo.
La Tercera Sala penal Superior Nacional Liquidadora oralizó ayer la solicitud de prescripción e indicó que en la próxima sesión, fijada para el 26 de agosto, escuchará al fiscal y a los abogados de las víctimas. Luego, el tribunal, presidido por el magistrado José Santillán Tuesta, puede resolver, de inmediato o antes de la lectura de sentencia.
Hilario Trucios fue sacado de su casa en la madrugada del 7 de marzo de 1991 por personas encapuchadas y con botas, y desde entonces está desaparecido. En el juicio oral, un testigo que estuvo detenido en la base militar conocida como “La Granja, en Concepción (Junín), contó que escuchó su nombre, que era profesor y miembro de una iglesia adventista, lo que coincide con su descripción.
Relató que los torturaban para que “confiesen” ser terroristas, que esa noche oyó gritos de auxilio y al día siguiente los militares decían que se les pasó la mano con Hilario Trucios.
Los jueces determinaron que Pérez Documet tenía conocimiento de estos hechos, pero se negó a dar información del detenido cuando sus familiares lo buscaron, por lo cual lo hallaron responsable de autoría mediata el 2021, confirmada el año pasado por la Corte Suprema.
Además, están por resolverse los pedidos de prescripción del exmarino Augusto Gabilondo García del Barco, procesado por 62 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Huanta en 1984; así como de los excolina Carlos Pichilingue, Julio Chuqui Aguirre y Nelson Carbajal, en el caso Pativilca-La Cantuta.