Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU lamenta prescripción de ley de impunidad: "Es un hecho preocupante"

Luego que el presidente del Congreso promulgara la ley de impunidad y se oficializara hoy a través del diario El Peruano, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se pronunció al respecto y lamento que en el Perú entre en vigor una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y lesa humanidad.

"La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de derecho en Perú", expresa Türk, quien enfatizó que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional, por lo que no deberían ser objeto de amnistías ni prescripción.

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Además, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos señaló que la falta de rendición de cuentas por estos crímenes "pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú". Por lo que las personas que son responsables de este tipo de crímenes atroces deben rendir cuentas, según el acuerdo con el derecho internacional, para garantizar la aplicación correspondiente de las condenas que determine la justicia para estos casos.

Congreso promulga leyes de impunidad y contra el crimen organizado

La Ley 3107, conocida también como 'Ley de impunidad', ha sido promulgada en el diario El Peruano por orden del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, luego de que no fuera observada por Dina Boluarte. La norma busca eliminar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sucedidos antes de 2002.

Además, la Ley 32108 contra el crimen organizado, que introduce cambios que podrían tener consecuencias negativas para la ciudadanía, también oficializada este viernes 9 de agosto. Esta norma fue cuestionada al ordenar que, de los 91 tipos penales que existen en la actualidad, se sugiera eliminar 59, y que delitos como la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de migrantes ya no serían catalogados como graves.

Ambas leyes han sido controversiales y algunas instituciones nacionales e internacionales se pronunciaron al respecto. El Ministerio Público señaló a través de un comunicado que la promulgación de la Ley 32108 afectaría la efectividad de los allanamientos como parte de las diligencias que realiza la Fiscalía. Además, la Corte IDH ha tenido dos comunicados directos hacia el Gobierno y el Congreso, a quienes les pidió suspender inicialmente la aprobación de ley de impunidad y, posteriormente, evaluar su promulgación. Sin embargo, esta no fue tomada en cuenta y hoy ha sido oficializada.