El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció respecto a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra Dina Boluarte y otros seis ministros por el asesinato y las lesiones graves de 160 personas durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 2022 y 2023. En la conferencia de prensa de este miércoles 31 de julio, Adrianzén calificó la demanda de incoherente y señaló que se basa en los mismos argumentos que la denuncia anterior por genocidio que ya fue archivada.
“¿Cómo se puede ser tan inconsecuente? Si estás diciendo que no hay genocidio, y luego utilizas los mismos argumentos para (denunciar por) homicidio calificado”, expresó el premier. “Confiamos en que el Congreso de la República, con la misma rotundidad con la que ya desechó previamente la denuncia por genocidio, una vez más proceda y ordene que no ha lugar a la formulación de denuncia constitucional por el caso de homicidio calificado”, agregó.
Según el titular del gabinete ministerial, la presentación de la nueva denuncia reflejaría una falta de consistencia en la estrategia del Ministerio Público. Pero enfatizó que el Gobierno seguirá comprometido con la continuación de las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. “Esto que quede absolutamente claro, esto no tiene nada que ver con el deseo de la presidenta constitucional de que las investigaciones continúen. Ella misma se ha presentado ante las instancias fiscales pertinentes para brindar su declaración”, dijo Adrianzén.
Finalmente, en la misma conferencia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos exigió al Ministerio Público que actúe con coherencia respecto a la nueva denuncia contra la presidenta Dina Boluarte. Por su parte, Eduardo Arana señaló que si la Fiscalía no encontró argumentos suficientes para presentar una denuncia por genocidio, tampoco debería tenerlos para acusar por homicidio calificado.
"Aquí quiero dejar en claro que no se trata de que estemos defendiendo a la señora presidenta, lo que estamos defendiendo es la lógica jurídica. Estamos defendiendo es que exista una coherencia por parte del Ministerio Público", expresó. Además, el titular del MINJUSDH pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que considere si se está tratando de la misma denuncia con diferentes cargos.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves y leves, vinculadas con la represión de las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Estas manifestaciones, que se llevaron a cabo en regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad, resultaron en 44 muertes y 116 heridos.
Denuncia constitucional fue presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana. Foto: Ministerio Púbico
La denuncia también incluye a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Luis Otárola, así como a exministros de Defensa e Interior. La Fiscalía argumenta que Boluarte y sus ministros, al tener autoridad sobre las fuerzas del orden, no tomaron medidas para evitar la violencia, lo que se considera un delito por omisión impropia con dolo eventual. Esta es la segunda denuncia contra Boluarte por estos eventos, tras una anterior que la acusaba de genocidio.
Por otro lado, en el mismo comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que dispuso no continuar con las investigaciones contra Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio. El Ministerio Público archivo definitivamente e indicó no haber mérito para formular denuncia constitucional por este caso.
"De conformidad con lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas... se dispone: no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Dina Boluarte... archivar definitivamente los antecedentes... en la modalidad de genocidio", se observa en el documento de la Fiscalía.
Cabe precisar que, si bien esta denuncia se ha paralizado, todavía siguen en pie las investigaciones contra los mismos imputados por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.