Orden de captura contra Vladimir Cerrón seguirá vigente pese a que prescribe delito por el que fue sentenciado

Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre, cumplirá este 6 de julio nueve meses prófugo de la justicia y, pese a que el gobierno de Dina Boluarte ha garantizado que están coordinando las acciones para dar con su paradero, aún no tienen resultados.

Mientras el tiempo sigue pasando, el plazo que tiene el Estado para acusarlo prescribiría este jueves 4 de julio. Sin embargo, esto no significa que a partir de mañana el líder de Perú Libre saldría de la clandestinidad y se libraría de pagar su condena en prisión.

Que este plazo expire sin que Vladimir Cerrón haya sido capturado y la sentencia haya sido ratificada, demuestra dos cosas: las deficiencias en el sistema judicial que generan procesos larguísimos y llevan a la impunidad, así como la desidia del Estado peruano en ejecutar acciones coordinadas con la PNP para lograr las capturas de los prófugos de la justicia.

Vladimir Cerrón: ¿Cuándo prescribe el delito por el que fue condenado?

Según la acusación del Ministerio Público, el delito de colusión por el que Cerrón Rojas fue condenado a 4 años de prisión efectiva en el 'caso Aeródromo Wanka' prescribe mañana, ya que fue el 4 de julio de 2014 cuando se firmó el contrato para la ejecución de la obra.

Es así que, según lo establecido por el Código Penal, el plazo por ley para que prescriba la acción penal, es decir, para que el Estado persiga y condene a Cerrón Rojas, se cumple mañana.

Esto ocurre porque la Corte Suprema aún no resuelve el recurso de casación interpuesto por Cerrón Rojas, por lo que su sentencia aún no es firme.

El abogado penalista Benji Espinoza explica este escenario e indica que para considerar un nuevo plazo, la Corte Suprema debió haber resuelto este recurso de casación.

"Es decir, si Cerrón no hubiera interpuesto casación, desde que se le confirma la condena, comienza a correr lo que se conoce como el plazo de prescripción de la pena, que es un plazo nuevo. En ese momento comienzan a transcurrir unos 10 años adicionales. Sin embargo, como él ha presentado casación, su sentencia no ha quedado firme", explicó el abogado.

Espinoza enfatizó en que la demora del Poder Judicial para resolver el caso ayudó a que Vladimir Cerrón pudiera obtener la prescripción.

"Lo que ha pasado en el proceso ha demorado demasiado. Con la poca información que había, ha tenido que llevarse meses. Ocho meses de investigación, dos meses de etapa intermedia, seis meses de juicio. Pero, cuántos años han pasado al final. La dilación del proceso le ha servido a Cerrón para que ahora puedan obtener la prescripción", remarcó.

Vladimir Cerrón: PJ deberá decidir si se levanta o no su orden de captura

Sin embargo, pese a este error del Poder Judicial, la decisión de levantar o no la orden de captura contra Cerrón debe revisarse en un tribunal y primero la defensa del imputado deberá solicitarlo.

"No, no tampoco es tan fácil. Su defensa, si no, los jueces tienen que emitir una resolución. O sea, tiene que haber una resolución, así como lo han condenado, tiene que haber otra resolución que diga: señor Cerrón se le ha extinguido la acción penal y a partir de que se declara prescrita la acción penal se levanta la orden de captura", explicó.

Benji Espinoza aclara que luego de que la defensa solicite la prescripción, esto se decidirá en una audiencia y el proceso podía durar alrededor de dos meses.

"Tiene que haber una decisión expresa, promovida por la defensa de Cerrón, discutida en una audiencia. Porque, tampoco es que el abogado de Cerrón lo pide y ya está, no. Va a haber una audiencia donde esto se va a discutir. La Fiscalía podrá decir, no, eso no es así, en fin. Después de la audiencia, el juez tiene que decidir en un auto de prescripción o no de la acción penal y recién a partir de la decisión se ejecuta. Para eso, yo creo que puede pasar un par de meses", señaló.

En ese sentido, descartó que mañana Vladimir Cerrón esté caminando libre por la calle; sin embargo, hizo un llamado de atención a la demora que tiene el Estado para procesar y sentenciar casos de corrupción.