¿La democracia está a salvo? El presidente del Congreso, Alejandro Soto, clausuró la segunda legislatura del Período Anual de Sesiones 2023-2024 sin que se votaran las contrarreformas alertadas en las últimas semanas.
Entre los proyectos que quedaron pendientes de segunda votación están la Ley de Amnistía, la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, la modificación al Código Penal, la reforma de pensiones y la reorganización del Ministerio Público.
Cabe señalar que en su discurso, antes de que se cierre la sesión, Soto Reyes recordó que se le otorgaron facultades a los miembros de la Comisión Permanente.
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"Señores congresistas, se hace el siguiente anuncio, el día de ayer en el pleno del Congreso de la República se ha delegado facultades a la Comisión Permanente para legislar hasta el día 19 de julio. En consecuencia, vencido el plazo de la semana de representación se va a convocar a la Comisión Permanente para poder tratar los temas que han quedado pendientes. En consecuencia, señores congresistas solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista se dará por aprobada. Ha sido aprobada", señaló Soto antes de cerrar la sesión.
Es decir, ahora los 30 congresistas que integran la Comisión Permanente pueden decidir libremente sobre las iniciativas que quedaron pendientes de segunda votación, sin necesidad de alianzas políticas y negociaciones, y sin contar con la oposición de los no agrupados.
Según alertó Susel Paredes, ella votó en contra de otorgarle facultades a la Comisión Permanente, ya que lo que buscan es legislar solos sin el pleno de todos los congresistas
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Con esto, el Perú entraría en una etapa de incertidumbre política, pues en los últimos días el Parlamento dejó en evidencia que, pese a varios pronunciamientos en contra, irán hasta el final con sus contrarreformas.
En las últimas horas, ante las alarmas que desataron los proyectos del Congreso, organismos nacionales, liderados por los fiscales del Ministerio Público, e internacionales, se pronunciaron en contra de este paquetazo de reformas antidemocráticas.
Sin embargo, el Parlamento ignoró todas las observaciones y ratificó su derecho como "primer poder del Estado" para promulgar las leyes que consideren convenientes.
Frente al comunicado de la Junta de Fiscales Supremos, donde llaman a los peruanos a la defensa de la democracia, el Congreso reaccionó y sacó un pronunciamiento acusando al Ministerio Público de "incitar a la población a actuar en contra del orden democrático".
Sobre el requerimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Estado peruano para suspender el debate de la Ley de Amnistía hasta conocer su afectación sobre los casos como Barrios Altos y la Cantuta, el Parlamento rechazó "cualquier forma de intromisión" ya sea nacional o extranjera, en las decisiones que tomen.