El Estado incumple sentencia de Corte IDH sobre caso La Oroya
Denuncia. Afectados con metales pesados señalan que no hay medidas de remediación, reparación y fiscalización. En tanto, el complejo metalúrgico ya registra elevado nivel de contaminación.
Representantes de las víctimas de contaminación con metales pesados de La Oroya denunciaron que, a dos meses de haber sido notificado, el Estado no implementa ninguna medida de reparación, remediación y reducción de emisiones tóxicas en el centro metalúrgico de esta ciudad juninense, señaladas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH).
La abogada Rosa Peña, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), dijo que la inacción tiene que ver con procedimientos dentro del Estado, a pesar de que existen competencias de Oefa, Minsa, Diresa y Digesa sobre fiscalización, monitoreo ambiental y atención a la salud especializada para las 80 víctimas y toda la población de la Oroya.
“Entonces, no hay que esperar que el trámite de la sentencia de la Corte IDH avance para dar cumplimiento a obligaciones que ya son vigentes y son parte de las funciones propias de las entidades en este momento”, señaló la abogada.
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Agregó que el Estado debe entender que es una oportunidad para mejorar la gestión de sus recursos y evitar que el desarrollo económico sea a costa de la salud de la población.
Asimismo, manifestó que están dispuestos a hacer propuestas y participar en la implementación de la sentencia.
Respecto a la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya, Rosa Peña señaló que ya está generando niveles de contaminación que sobrepasan los estándares vigentes, y aún más los ordenados por la Corte IDH, que deben ser aplicados por el Perú en dos años.
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“Sabemos que hay desafíos para que el complejo metalúrgico se reactive en debida forma. De ninguna manera se está solicitando su cierre, lo que pedimos es que se acoja a los estándares ambientales y evite nuevos niveles de contaminación”, anotó.
Voz. Yolanda Zurita, junto con los abogados Peña y Huaylinos. Kevin García - URPI
Reviven los efectos
Respecto a la reapertura del centro metalúrgico, Yolanda Zurita, una de las víctimas peticionarias del caso ante la Corte IDH, refirió que se habían acostumbrado a respirar aire limpio, pero luego del reinicio de esta industria, la población ha vuelto a sentir malestares como picazón en la garganta y dolor de cabeza. Dijo que incluso los alumnos han tenido que suspender sus actividades, como recreo y refrigerio, para permanecer en sus aulas.
Zurita Trujillo también manifestó que la contaminación no solo afecta a las comunidades cercanas.
“Eso lo entiendo porque, según estudios del Consejo Nacional del Ambiente, la emisión se expande 180 kilómetros a la redonda. Eso significa que llega a Huancayo. Claro, está de acuerdo a la dirección y la velocidad del viento. Entonces, esto no solo está afectando a la población de La Oroya”, sostuvo tras indicar que también se ve perjudicada la ganadería.
En cuanto a los trabajadores del complejo metalúrgico, lamentó que tengan que renunciar a su derecho a la salud para poder alimentarse y alimentar a su familia.
Poca respuesta
Por su parte, el abogado Christian Huaylinos, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprode), indicó que han enviado cartas a diversos sectores involucrados para tratar el tema de la sentencia.
“Hemos tenido la respuesta de la Procuraduría Supranacional, que son los representantes del Estado ante el sistema interamericano, y tendremos una reunión con el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, las otras instituciones no respondieron y optaron por derivar las gestiones con la Procuraduría Supranacional”, cuestionó. Christian Huaylinos afirmó que acompañarán el caso La Oroya hasta el final.