Caso Zoraida Ávalos: Procuraduría General se incorpora como parte agraviada en investigación

El Poder Judicial ha confirmado la inclusión de la Procuraduría General del Estado como parte agraviada en el proceso investigativo contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Esta medida surge tras la controversial decisión de Ávalos de suspender las investigaciones en curso contra el entonces presidente Pedro Castillo, al interpretar de forma particular el artículo 117 de la Constitución.

PUEDES VER: Zoraida Ávalos se pronuncia tras ser restituida en el Ministerio Público: "Estoy de vuelta"

¿A qué se debe esta nueva decisión del Poder Judicial?

En un giro reciente en los procedimientos legales de alto perfil, el Poder Judicial confirma el estatus de la Procuraduría General del Estado como parte agraviada en la investigación contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Esta decisión surge en medio de controversias relacionadas con la suspensión de investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo por Ávalos, argumentando la interpretación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, lo que permitiría continuar las investigaciones una vez finalizado su mandato en 2026.

¿Cuál fue la respuesta del Tribunal ante el recurso de apelación presentado por Zoraida Ávalos?

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó el recurso de apelación de Ávalos, quien buscaba anular la decisión inicial del juez supremo Juan Carlos Checkley del 3 de octubre de 2023. Esta resolución inicial rechazó la oposición de Ávalos a la petición de la Procuraduría para ser reconocida como actor civil en el caso, un rol que permite a la institución buscar reparaciones civiles.

PUEDES VER: Zoraida Ávalos: ¿por qué el Poder Judicial ordenó su reincorporación a la Fiscalía?

¿Qué medidas ha tomado la Procuraduría con esta decisión?

Como resultado de esta confirmación, la Procuraduría ha solicitado que Ávalos pague 200 mil soles en concepto de reparación civil al Estado, una propuesta que aún está bajo consideración judicial.

¿Hay algún recurso de apelación pendiente de resolución en este caso?

Sí, actualmente está pendiente de resolución otro recurso de apelación presentado por la Procuraduría contra la decisión del juez Checkley del 23 de noviembre de 2023, que sobreseyó la investigación a Ávalos al aceptar un recurso de improcedencia de acción argumentando que los actos atribuidos a la exfiscal no configuraban delitos de omisión o retraso de funciones en detrimento del Estado.

PUEDES VER: Zoraida Ávalos: ¿cuáles fueron los argumentos del PJ para restituirla como fiscal suprema?

¿Cuál fue la decisión reciente respecto a la posición de Zoraida Ávalos en el Ministerio Público?

En un desarrollo relacionado y que refleja la complejidad del caso, la Tercera Sala Constitucional de Lima ordenó el pasado 29 de abril la reincorporación de Zoraida Ávalos como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público. Esta decisión siguió a la aceptación parcial de una demanda de amparo que buscaba anular la decisión del Congreso de la República que, en junio de 2023, había inhabilitado a Ávalos por cinco años para ejercer cargos públicos por presuntas infracciones constitucionales vinculadas a este asunto.

¿Cómo se percibe a los poderes del Estado con este caso?

Este caso, además de resaltar la tensión entre los poderes del Estado y las interpretaciones legales en juego, también subraya el papel crítico de la Procuraduría General en la defensa de los intereses públicos en situaciones de supuestas irregularidades por parte de altos funcionarios.

¿Por qué fue suspendida Zoraida Ávalos?

Zoraida Ávalos fue suspendida debido a que había ordenado la suspensión de las investigaciones que su despacho había iniciado contra el entonces presidente Pedro Castillo hasta que culminara su mandato en 2026. Ávalos interpretó el artículo 117 de la Constitución Política del Perú para justificar esta decisión. Posteriormente, fue acusada de cometer una infracción constitucional, lo que llevó al Pleno del Congreso a ordenar su inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público, decisión que fue parte del motivo para una demanda de amparo que resultó en su reincorporación.