Inspectoría de la PNP no tiene competencia para acceder a investigaciones del Eficcop, según expertos

El intento de un grupo de agentes de la Inspectoría de la PNP —el último martes 16 de abril— para intervenir el despacho del grupo policial que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) generó preocupación respecto al futuro de este grupo, el cual vendría siendo blanco de ataques desde el Ejecutivo por la investigación que se desarrolla contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y a su hermano Nicanor Boluarte.

A la suspensión temporal de Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional, se suma esta nueva arremetida contra el trabajo realizado por el Eficcop. La excusa fue una diligencia de "control administrativo", que en el papel estaría dentro de las prerrogativas que tiene esta instancia policial, pero en el plano político genera preocupación porque el área que se intentó intervenir guarda documentación sensible de investigaciones al más alto nivel del poder.

Una intervención que deja dudas

En diálogo con La República, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés comentó que la diligencia de "control administrativo" demuestra cierta “confusión” de parte de la Inspectoría de la PNP porque el Eficcop está en el ámbito del Ministerio Público, no de la Policía nacional: “No es una oficina administrativa, es un equipo integrado por policías y personal de Fiscalía, tendría que oficiar al Ministerio Público para ver si se lo permite”.

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En tanto, considera que la frustrada diligencia es “exagerada” y “una pérdida de tiempo de los peruanos que le están pagando a una Inspectoría de la PNP” que parece más preocupada por problemas políticos que por la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Si lo vemos en el contexto en el que ha venido ocurriendo, para mí no hay duda alguna de que la torta de (Harvey) Colchado fue un pretexto para separarlo. En el momento en que se encuentran en marcha una serie de investigaciones contra la corrupción en el poder, diligencias como esta no hacen más que confirmar que se quiere desaparecer a los mejores investigadores y documentos (del Eficcop)”, dijo.

De la misma idea es Rubén Vargas, exministro del Interior del Gobierno de Francisco Sagasti, quien recuerda —a este medio— que antes de hablar de la legalidad o no de la acción de la Inspectoría se debe analizar el contexto en el que se produce: “No es un hecho aislado esta intervención a una oficina del Eficcop. Hemos visto cómo, utilizando un argumento algo forzado, se retiró de la coordinación a Colchado. Ahora vemos una intervención de la Inspectoría a las oficinas del Eficcop. Claramente, estaría dirigida a entorpecer las investigaciones que se vienen realizando en esta comisión especial”.

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Si bien recuerda que en el Eficcop hay policías destacados, por más que sean efectivos de la PNP, ya no dependen directamente de su comando ni tienen por qué informar sobre las investigaciones que realizan los representantes del Ministerio Público: “La Policía se convierte en el brazo técnico de la Fiscalía. El titular de la acción penal es la Fiscalía y los efectivos realizan acciones por encargo del fiscal, pero cuando están destacados a un grupo especial no dependen de su comando, no tienen por qué informar de las diligencias que están realizando porque eso es reservando. Eso está a cargo del fiscal, no de la PNP”.

Por su parte, Wilfredo Pedraza, el exministro del Interior del Gobierno de Ollanta Humala Tasso, consideró —en comunicación con La República— que la Inspectoría “sí tiene facultades para investigar y auditar las acciones que desarrolla cualquier unidad policial”, lo que implica que esté facultado a visitar, evaluar o auditar lo que hace el Equipo Delta de la Diviac.

Si bien la unidad que intentó ser intervenida está dentro del Ministerio Público, sigue siendo una unidad policial, ya que se trata de efectivos que están ahí destacados temporalmente: “Siguen dependiendo disciplinariamente de la PNP y actuando con todas sus prerrogativas”, por lo que la diligencia de "control administrativo" sí tendría una base legal.

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Podrían ingresar, pero no acceder a las investigaciones

La Inspectoría de la PNP señaló —a través de un oficio— que las acciones estaban orientadas a la “revisión y verificación de la documentación pasiva de carácter administrativo interno”, en referencia a órdenes y operaciones policiales ejecutadas por la Diviac. Esto generó la protesta de Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), quien recordó que el grupo que dirige maneja documentación de alta relevancia para el desarrollo de investigaciones en reserva.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a este medio —respecto a la preocupación por los documentos de carácter reservado— que la documentación que tiene la calificación de “secreto” no puede ser auditada por el personal de la Inspectoría de la PNP, pero todo lo que no tenga esta denominación sí podría ser inspeccionado. Se calificó la acción de “legítima y regular”, pero se recalcó que se tiene conocimiento de que no se puede intervenir este material reservado.

En este sentido, Ricardo Valdés explica que solo se puede acceder a la documentación calificada como secreta por mandato judicial. En lo que respecta a la diligencia, consideró que la Inspectoría seguirá haciendo lo que considera como parte de su prerrogativa y seguramente notificarán la diligencia a la Fiscalía general como primera instancia. En caso de que esto sea rechazado, ya irían por una segunda, que es recurrir al Poder Judicial.

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Al respecto, Wilfredo Pedraza indicó que la diligencia solo tendría que limitarse a los asuntos estrictamente policiales administrativos, pero en ningún caso se podría revisar documentos que son materia de investigación, ya que eso es materia exclusiva de la Fiscalía de la Nación: “(La documentación secreta) es de responsabilidad del Ministerio Público, la entrega y destino les corresponde estrictamente a ellos, no a la Policía”.

Rubén Vargas explicó que, si bien no se pueden revisar documentos secretos de las investigaciones, los efectivos del despacho del grupo policial que apoya al Eficcop “tienen acceso a las investigaciones autorizadas por el fiscal, pero los policías que no forman parte (los de Inspectoría) no pueden acceder a la información”.

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Por otro lado, este tema no fue ajeno al Congreso de la República. La vocera de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, calificó la diligencia como “sumamente grave”, ya que se estaría generando una peligrosa afectación a las competencias propias del Ministerio Público: “No queda claro por qué la Policía quiere tomar la documentación sensible de investigaciones en curso. Me parece riesgoso y peligroso”.

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Desde la derecha, son menos críticos respecto a la intervención de la Inspectoría, pero de igual manera consideran que se debería explicar el objetivo de la diligencia: “Más que el ministro del Interior, debería ser citado el director de Inspectoría de la PNP y el propio comandante general de la PNP, porque ellos son los que han decidido esa acción administrativa”, dijo Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular.

Para Rubén Vargas, es claro que alguien que no quiere que continúen las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. En tanto, el Congreso debería pedir explicaciones por las acciones de Inspectoría e invitar al ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, para explicar lo ocurrido y “garantizar que el Eficcop no va a ser desactivado, porque si así fuese estarían cometiendo obstrucción y abuso de autoridad”.

Finalmente, Ricardo Valdés recuerda que en el Parlamento “también hay intereses para desestructurar al Eficcop”: “Tanto en la izquierda como en la derecha. Las investigaciones se realizaron sin importar el color político”, dijo para esta nota.