El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que el Gobierno amplió el estado de emergencia en la provincia de Trujillo y en Pataz, región La Libertad, como una medida de lucha contra la delincuencia y criminalidad en esa parte del país. Asimismo, manifestó que el Poder Ejecutivo tomó la misma decisión para las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, en Loreto.
El jefe del Gabinete Ministerial detalló que durante la sesión de Consejo de Ministros, que se llevó a cabo este miércoles, se aprobó el decreto de urgencia respecto al caso de Trujillo; sin embargo, en cuanto al caso de Pataz, recién será aprobado en las próximas horas.
"Entre hoy y mañana se va a ampliar el estado de emergencia en Pataz. En esta ampliación habrá un cambio. Este cambio consiste en que el control del orden interno lo tendrá nuestra Policía Nacional del Perú y en apoyo a ella va a concurrir nuestras Fuerzas Armadas", declaró el primer ministro.
"La criminalidad organizada está afectando gravemente la seguridad ciudadana y ese es el motivo por el que en particular en estas regiones se va a ampliar el estado de emergencia", añadió.
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Acerca de las acciones delincuenciales que se registran en Pataz, el primer ministro aseveró que promoverá diversas medidas para enfrentar esta situación.
"Lo que puedo asegurar es que en los próximos días se producirá detenciones importantes y develamiento de alijos donde guardarían parte de su armamento; se quiere hacer control territorial por las zonas donde hay más incidencia, dentro de la concesión minera", sostuvo.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, señaló que las autoridades que integran la Policía Nacional del Perú, el Ejército, el defensor del Pueblo y el Poder Judicial deberán trabajar en conjunto para enfrentar los actos delictivos que se reportan en dicha región.
“La Policía Nacional, el Ejército, el Poder Judicial, los fiscales y el defensor del Pueblo con su función. Entonces tenemos que tener en cuenta que, si no nos juntamos y cada uno hace su trabajo, esto no va a dar resultados. Espero que sea la última vez que se declare el estado de emergencia y se hable de La Libertad como una región para invertir, donde vayan los empresarios e inviertan con tranquilidad y así asegurar el crecimiento del país (sic)”, declaró.
El secretario de Seguridad en el Trabajo del Sindicato de Construcción Civil, José Castañeda Espejo, informó que más de 1.000 empresas y 4.000 trabajadores son víctimas de extorsión.
"Si nos referimos a toda La Libertad, entonces estamos hablando de más de 1.000 empresas de construcción civil que son extorsionadas y a sus trabajadores también les exigen los mismos extorsionadores que paguen S/10 o S/5 diarios para que puedan ir a trabajar", declaró.