La próxima legislatura del Congreso inicia en marzo, lo que le brinda algunas semanas al Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para realizar los ajustes necesarios antes de que entren a votación las mociones de interpelación —con riesgo a eventuales censuras— contra varios de sus ministros de Estado. La República consultó a tres expertos en análisis político para perfilar cuáles deberían de ser las modificaciones. Existe un consenso: el actual Gabinete no ha dado la talla y requiere más que un cambio de rostros, una reestructuración que le otorgue una “misión” y “visión”.
El analista político y catedrático de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, considera que el Gabinete Otárola “más que cambios necesita una cirugía mayor” porque los resultados “han sido lamentables” tras más de un año de gestión. Advierte que, la excusa de “seguir culpando al expresidente Castillo" por los pocos avances ya no es un argumento válido.
El analista político Jeffrey Radzinsky considera que el Gabinete actual en su conjunto no le suma a la presidenta Dina Boluarte, ya que tiene una composición débil, sin agenda y sin equipo: “Ni ella, ni sus ministros tiene una buena aprobación”.
Esto es compartido por el politólogo Roger Santa Cruz, quien indica que el recambio en el Gabinete Otárola es una cuestión de supervivencia "dado que la presidenta no quiere renunciar, debe tener muchos cambios y modificaciones para sobrevivir".
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acompaña a la presidenta Dina Boluarte desde antes que asumiera como jefa de Estado. Tras cumplir su rol de abogado defensor, pasó a ser ministro de Defensa durante las protestas contra el Gobierno entre diciembre del 2022 y los primeros meses del 2023. Posteriormente, pasó del Mindef a la PCM, cargo en el que se mantiene hasta la fecha.
“Debió dejar el Gabinete después de los sucesos de Ayacucho, él era el responsable del Ministerio de Defensa. En un país democrático, si el Ejército mata a 10 personas, hay responsables políticos, aquí se le premió con el premiarato”, recuerda Cárdenas, quien le atribuye pocas cualidades al Gabinete Otárola, el cual muestra “un equipo con contradicciones, falto de rumbo, poco homogéneo, con sospechas de corrupción y con problemas de comunicación”.
Radzinsky rescata que Otárola Peñaranda —pese a los cuestionamientos que tiene en contra—es uno de los únicos cuadros políticos con los que cuenta el Gobierno, el cual le garantiza cierto nivel de negociación con el Parlamento: “Le ha ido mal, pero se debe reconocer que es de los cuadros políticos más importantes dentro del Gobierno. Es una gestión sin cuadros políticos. Otárola le otorga la posibilidad de negociación con el Congreso, lo cual le permite mantenerse en el cargo”.
Santa Cruz indica que es posible que Dina Boluarte disponga cambios, pero mantenga a su PCM por una cuestión de “protección jurídica”, ya que ambos son los principales señalados dentro de la investigación fiscal por las muertes en protestas. Aunque, considera que, si llega a ser retirado del Gabinete, no significa que no siga ejerciendo algún tipo de poder como asesor sin cargo fijo: "No necesariamente seguiría como funcionario, pero su presencia seguirá siendo gravitante en el Gobierno", tal y como ocurrió con Aníbal Torres —durante el Gobierno de Castillo— que tras dejar de ser primer ministro siguió siendo un asiduo visitante en Palacio.
Existen coincidencias en que Víctor Torres Falcón no cuenta con el liderazgo necesario para liderar la lucha contra la inseguridad desde el Ministerio del Interior. Pese a que tiene solo dos meses en el cargo, es una de las piezas que requiere ser removida. Una de las principales características del Gabinete de Dina Boluarte es que “apuesta por la improvisación en lugar de la gestión pública”, dice Alonso Cárdenas. Muestra de ello es el vacío ‘plan Boluarte’, el fracaso de los estados de emergencia focalizados y pase al retiro de Jorge Angulo como comandante general de la PNP.
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Otro punto en común es que el MEF requiere con urgencia un nuevo rostro, el de Alex Contreras fue perdieron fuerza durante el 2023. Un Gobierno necesita a un Ministerio de Economía que funcione como contrapeso a las medidas populistas del Congreso, que sea capaz de imponer su voz y transmitir tranquilidad a los inversionistas y a la población. Radzinsky advierte: “En economía los resultados del 2023 fueron malos, el ministro tuvo declaraciones malas y cometió serias torpezas comunicacionales” que lo desdibujaron. Aún se puede recordar cómo se entrampó en una discusión sobre si el Perú estaba en recesión, algo que luego tuvo que aceptar. También las idas y vueltas en torno a su posible renuncia.
"En economía debe haber cambios porque se perdió credibilidad, se pasó el 2023 diciendo que no habría recesión, pero al final tuvo que reconocerlo. Alex contreras ya no tiene credibilidad. no tiene liderazgo, ni posicionamiento. Con cifras en rojo pese a que el entorno internacional fue favorable para el Perú. Hay una responsabilidad que asumir", agrega Cárdenas.
Otro nombre sobre la palestra es el de Óscar Vera Gargurevich, ministro Energía y Minas, que ha mostrado “avances muy lentos, generó expectativas (que no llegó a cumplir), se tiene que asumir la responsabilidad del fracaso escandaloso de Petroperú, el Gobierno de Boluarte no tiene una mirada clara sobre la empresa estatal”, indica Jeffrey Radzinsky. Cárdenas agrega que “se manejó de manera improvisada y sin carrera pública, como un cajón de sastre del Estado, donde entran funcionarios sin cumplir los requisitos”.
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Un dato importante a tomar en cuenta que el Gobierno de Dina Boluarte no cuenta con una bancada en el Congreso de la República; por ello, las alianzas son su modo de sobrevivir. En tanto, cualquier cambio en el Gabinete se hará pensando en conservar estos vínculos con las fuerzas políticas presentes en el Parlamento: "Seguramente en Palacio ya deben estar evaluando hojas de vida con la finalidad de conversar alianzas con la coalición, pero es un respaldo bastante frágil. La derecha más recalcitrante no se va a fajar por el Gobierno”, comenta Roger Santa Cruz.
Finalmente, Jeffrey Radzinsky añade que esta alianza está mediada por el interés de no forzar un adelanto de elecciones, una convivencia que no ponga en peligro la permanencia del Ejecutivo y el Legislativo: “Es un modelo supeditado al Congreso, no tienen bancada, el objetivo mutuo es llegar al 2026, la presidenta está a merced de los que decida el Congreso”.