El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicita a la Contraloría General de la República realizar una auditoría en el Ministerio Público (MP) para evaluar el control interno y la gestión que realiza el organismo autónomo del Estado que integra. Ello, tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender de manera provisional a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema, debido a que es sindicada como la presunta líder de una organización criminal.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, en mi condición de fiscal de la Nación, para efecto de solicitarle que, en el marco de las funciones de control que le son inherentes, se sirva disponer una auditoría de gestión y fiscalización de carácter multidisciplinario, dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión del Ministerio Público", se lee en el oficio que envió el titular de la Fiscalía al contralor Nelson Shack.
PUEDES VER: Fiscal de la Nación pide renuncia de altos funcionarios nombrados por Patricia Benavides
El titular del Ministerio Público, Villena Campana, pidió la renuncia de varios funcionarios que fueron designados por Benavides Vargas, cuando presidió el organismo que "defiende la legalidad, los derechos ciudadanos e intereses públicos". Dichos trabajadores del MP, a los que pidió su salida, son: la gerente general, secretaria general de la Fiscalía de la Nación, el jefe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, gerentes centrales, subgerentes, la directora ejecutiva de la Carpeta Fiscal Electrónica UE011, gerentes, asesores del Despacho de la Fiscalía y los asesores de la Gerencia General.
"De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente con la finalidad de solicitarles, con carácter de urgencia, se sirvan poner sus cargos a disposición en la fecha", se precisa en el documento.
El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder investiga una presunta organización criminal que estaría enquistada en el Ministerio Público y que sería liderada por Patricia Benavides, la fiscal de la Nación que fue suspendida por seis meses. Esta red criminal estaría integrada por sus asesores Abel Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girao Isidro y Jaime Javier Villanueva Barreto. Ellos habrían realizado coordinaciones con congresistas de la República acerca de la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el nombramiento del defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.