En una reciente edición de 'Grado 5', David Gómez Fernandini se refirió al sonado caso Los Operadores de la Reconstrucción, de la red criminal que adjudicó obras públicas por S/39,1 millones. Ayer el juez Leodán, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso la detención de 14 personas acusadas por orientar fondos de la Autoridad para la Reconstrucción Cambios (ARCC), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en beneficio de proyectos de rehabilitación de seis colegios en Piura, los cuales fueron asignados a empresas que pagaron coimas durante el gobierno de Pedro Castillo.
Esta medida también involucra al ex director ejecutivo del ARCC Robert López López, a su exasesor Mario Espinoza Vera, así como a Francisco Jara Jaime y Yul Valdivia Beteta, personas que estarían relacionadas con el congresista Guillermo Bermejo, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, entre otros exfuncionarios municipales y dueños de las empresas que fueron beneficiadas.
El congresista aseguró que no ha hecho ni tampoco autorizó a alguien de su despacho o de su entorno a realizar algún trámite ante la ARCC. En ese sentido, señaló que Francisco Jara sí trabaja en su despacho, pero solo es un técnico, y negó conocer a Yul Valdivia. "Que se investigue, a ver. Yo me voy a allanar a todas las investigaciones. No tengo ningún problema, ahí están mis cuentas, los registros de qué cosa tengo o no. Lo que yo no acepto es que especule", dijo a Epicentro TV.
"Si alguien de mi despacho o entorno ha tomado la decisión irresponsable de cometer algún acto ilícito, que toda la fuerza de la ley caiga sobre ellos. Espero con tranquilidad las investigaciones porque el que nada debe nada teme", aseveró Bermejo.
Guillermo Bermejo es señalado como coordinador en la red criminal. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
Según la investigación del fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, la red criminal se formó al poco tiempo de que Pedro Castillo asumiera la Presidencia de la República, y contó con la participación de integrantes del conocido 'gabinete en la sombra', infiltrados en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Precisamente, fue el amigo íntimo del ex jefe de Estado, el empresario Segundo Sánchez Sánchez, quien planificó el copamiento de la ARCC.