Acusación. El expresidente Pedro Castillo está a un paso de ser denunciado por el Congreso por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión, según el informe final que será votado este jueves 29 de diciembre en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
El documento, al cual tuvo acceso La República, incluye también la propuesta de acusación contra el exministro de Transportes y hoy prófugo Juan Silva, por los supuestos delitos de organización criminal y colusión.
Asimismo, sería denunciado el extitular de Vivienda y luego del sector Transportes, Geiner Alvarado por organización criminal.
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Pedro Castillo y los exministros serán acusados, como parte del antejuicio político, en virtud a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Son tres los casos que dan lugar al informe final con la propuesta de acusación. Por un lado, la designación de Hugo Chávez Arévalo en cargos de Petroperú a cambio de un supuesto pago de 30.000 soles por parte del financista Fermín Silva Cayatopa.
En este extremo, el informe final también hace referencia a un copamiento en Petroperú, con el fin de direccionar las contrataciones públicas a favor de empresas cercanas a Pedro Castillo.
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Uno segundo tiene que ver con el acaparamiento del Ministerio de Transportes, con Juan Silva al frente, para direccionar obras, como es el caso del puente Tarata, en San Martín, que fue otorgado al Consorcio Puente Tarata III, conformado por las empresas Tableros y Puentes SA (Tapusa), Termirex SAC y HB Estructuras Metálicas SAC.
El tercero vincula al Ministerio de Vivienda, con Geiner Alvarado a cargo del sector. Desde esta cartera, habrían direccionado los proyectos de saneamiento. Asimismo, emitieron el decreto de urgencia 102-2021, que permitió a los gobiernos locales hacer licitaciones especiales.
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Fue así que la Municipalidad Distrital de Anguía otorgó un proyecto de agua al consorcio IENSCON, cuyo representante Hugo Jhony Espino Lucanas habría pagado a cambio 200.000 soles, en dos armadas.
El informe final será sustentado este jueves 29 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y después pasará al Pleno del Congreso, para formalizar la denuncia. Luego de este paso, la fiscal de la Nación podrá continuar con el proceso en sede judicial.