Susana Villarán podría cumplir condena de más dos décadas por presuntamente recibir dinero de Odebrecht y OAS para financiar su campaña, según la solicitud del Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato. El grupo a cargo del fiscal José Domingo Pérez ingresó este jueves 25 de agosto una acusación contra la exalcaldesa de Lima por hasta cinco delitos.
La mañana del jueves 25 de agosto, la Fiscalía presentó la acusación contra la exalcaldesa por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Según se precisó, la exburgomaestre conformaría una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares por aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar la campaña por el no a su revocatoria como alcaldesa de Lima Metropolitana.
El equipo del fiscal José Domingo Pérez ha pedido al Poder Judicial una pena de 29 años privativa de la libertad.
Es importante recordar que Villarán ya ha estado en prisión preventiva hasta el 2020, que pasó a ser arresto domiciliario, ya que existía un riesgo latente de contagiarse de COVID-19, puesto que se ha confirmado que una de las internas que pernoctaba en el mismo pabellón dio positivo para el virus. Esta medida se cumplió a mediados de mayo del 2021.
Este se trata de un caso complejo porque abarca a 20 personas, entre las que se encuentran Villarán y Domingo Arzubialde, además de seis empresas en calidad de terceros civiles responsables (que podrían pagar una reparación civil al Estado).
A mediados de julio del 2021, la defensa de la exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, ha solicitado al Poder Judicial que se eliminen las limitaciones que pesan en su contra desde mayo del 2021 por la investigación que se le sigue por los casos Odebrecht y OAS.
Según su defensa, Susana Villarán “viene siendo investigada por más de 4 años y 8 meses, y han transcurrido 47 meses desde que tiene restricciones a su libertad”. Primero con limitaciones, luego con prisión preventiva y arresto domiciliario hasta que se le impusieron nuevamente restricciones.