Susana Villarán pide levantar sus restricciones por los casos Odebrecht y OAS

La defensa de la exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, ha solicitado al Poder Judicial que se eliminen las limitaciones que pesan en su contra desde mayo del 2021, aproximadamente, por la investigación que se le sigue por los casos Odebrecht y OAS.

En este caso se le imputa a Villarán haber liderado una supuesta organización criminal para blanquear alrededor de US$10 millones que aportaron las constructoras brasileñas con el fin de financiar sus campañas del No a la Revocatoria del 2013 y de reelección municipal en 2014, a cambio de obras en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De acuerdo con el abogado de la exfuncionaria, Raúl Pariona Arana, su defendida “viene siendo investigada por más de 4 años y 8 meses, y han transcurrido 47 meses desde que tiene restricciones a su libertad”. Primero con limitaciones, luego con prisión preventiva y arresto domiciliario hasta que se le impusieron nuevamente restricciones.

Tal como lo reportó este diario en su oportunidad, en mayo del año pasado así como en junio de 2021 se cambió dicho arresto por restricciones debido al contexto del COVID-19 y peligro de contagio en la investigada. Desde entonces se le impusieron reglas de conducta como no salir del país o comunicarse con testigos o coimputados hasta que culmine la investigación.

“Nosotros estimamos que ha transcurrido un tiempo razonable de restricción de la libertad de mi patrocinada. Hay un gran vacío, debe ponerse límites al plazo de estas restricciones. Resulta indispensable hacerlo”, reiteró Pariona ante el juez Jorge Chávez Tamariz.

Por su parte, la representante de la Fiscalía Luz Flores Tarapa pidió que se mantengan en cambio las limitaciones, pues recordó que se impuso la medida en el 2021 “por peligro de la comisión de nuevos delitos y peligro procesal (fuga u obstaculización)”. Al término de la sesión, el juez Chávez informó que decidirá próximamente si mantiene o elimina las limitaciones a Villarán.

Reparación civil

El último martes, además, el juez Chávez Tamariz autorizó que se incorporen a diez empresas al caso en calidad de terceros civiles responsables. Es decir, que ellas podrán ser parte del proceso y pagar, eventualmente, una reparación civil a favor del Estado tras un juicio y una sentencia.

El pedido lo hizo meses atrás la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato contra Momentum Ogilvy & Mather S.A., Chirinos y Salinas Asociados S.A.C. (CHISAC), Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A., CMR Construcciones S.A.C., Rentable PE S.A.C., Mindshare Perú S.A.C., J. Walter Thompson Company Sucursal del Perú, Asociación Ciudadanos por Lima, y Diálogo Vecinal.

Con la aprobación de la medida, las empresas podrán ejercer su defensa en el proceso y también debatir el monto de indemnización que pida la Procuraduría ad hoc por los daños causados al Estado.

Cabe precisar que todas esas empresas también tienen la calidad de investigadas por haber formado parte, según el fiscal José Domingo Pérez, de un esquema de lavado de dinero a favor de Susana Villarán de más de US$10 millones.

Varios de los representantes de esas 10 empresas también se encuentran investigados. De hecho, la Fiscalía postula no solo que Villarán lideró una organización criminal, sino que la empresa Ogilvy recibió parte del US$1.000.000 que aportó la constructora brasileña OAS para la campaña contra la revocatoria en 2013 por solicitud de José Castro Gutiérrez; que la empresa CHISAC fue instrumentalizada por su representante Freddy Chirinos Castro para recibir US$200 mil de parte de la empresa Graña y Montero, entre otras imputaciones.