Congreso: advierten riesgo en proyecto de varios cambios a la Constitución

La propuesta sobre bicameralidad que avanza en el Congreso contiene varios peligros para nuestra democracia, según advierten especialistas. Quienes la impulsan buscan que se apruebe en próximas sesiones del Pleno, ahora posibles por una ampliación de la actual legislatura.

La propuesta incluye cambios a la Constitución que refuerzan al Congreso, como establecer que solo pueda ser disuelta una de sus cámaras cuando niegue la confianza o censure tres gabinetes ministeriales, y que el Legislativo pueda destituir a las cabezas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), entre otras entidades autónomas, con un proceso de acusación constitucional.

Alertas

“Sería una ruptura del equilibrio entre instituciones constitucionales. Pone en manos del Congreso la posibilidad de amenazar con la destitución o inhabilitación a través de un juicio político a miembros de órganos electorales cuando los resultados de las elecciones no favorezcan a ciertos grupos políticos”, dice el constitucionalista Omar Cairo, profesor de la Universidad Católica (PUCP).

La legisladora fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, alega que este cambio ha sido recomendado por el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia.

“No es cierto. El TC recomendó que jefes de órganos electorales tengan la prerrogativa del antejuicio político, que protege a altos funcionarios de denuncias penales con trasfondo político. Pero esta propuesta busca que puedan tener juicio político, que permite al Parlamento procesar denuncias por infracción a la Constitución contra altos funcionarios y, eventualmente, aplicar sanciones como la inhabilitación”, explica el constitucionalista Edward Dyer, socio de la consultora Evidence Lab.

“Incluir en la acusación constitucional a los órganos electorales es contrario a la jurisprudencia del TC. Este dijo que les correspondería la prerrogativa del antejuicio y acá simplemente se escucha lo que se quiere. Es un problema serio”, anota el constitucionalista Alberto Cruces, también docente de la PUCP.

Dyer advierte que el proyecto no establece la forma de selección de diputados y senadores.

Cruces alerta una división muy estricta entre competencias de Ejecutivo y Legislativo.

La propuesta también traería reelección de congresistas.

“Buscan perpetuar una clase política muy rechazada. Ya sabemos a qué lleva eso”, dice Cairo.

“La bicameralidad no tuvo éxito en el referéndum del 2018, pese a cierta simpatía por esa institución. Establecer que a través de una nueva cámara podía darse continuidad a los congresistas de entonces fue un cambio que condujo al fracaso de la propuesta. Se necesita que la reforma tenga mayores espacios de deliberación y consenso”, dice la constitucionalista Alexandra Molina, profesora de la Universidad Científica del Sur.

Castillo: “Es una constituyente en la sombra”

El presidente Pedro Castillo dijo que esta propuesta es “una constituyente en la sombra”.

“No lo es porque, mal que bien, es potestad del Parlamento reformar la Constitución y acá no se busca un cambio de sistema”, opina el constitucionalista Alberto Cruces.

“Que el dictamen contemple cambiar varios artículos de la Constitución no lo hace proceso constituyente: por el contrario, es uno sometido a límites de la Constitución”, dice el constitucionalista Edward Dyer.

Reacciones

Omar Cairo, abogado constitucional, PUCP

“Pone en manos del Congreso la posibilidad de amenazar con la destitución o inhabilitación a miembros de órganos electorales cuando los resultados de elecciones no favorezcan a ciertos grupos políticos”.

Edward Dyer, abogado constitucional, Evidence Lab

“El TC declaró inconstitucional la creación de una nueva legislatura en el Congreso pasado porque se puede trastocar los fines. Ahora, la aplicación debe asegurar un periodo razonable de reflexión”.

Alexandra Molina, abogado constitucional, UCS

“Poner que con nueva cámara podía darse continuidad a los congresistas de entonces fue un cambio que condujo al fracaso de la propuesta el 2018. Se necesita mayor deliberación y consenso”.