Pedro Castillo declarará ante la Fiscalía si se rechaza tutela de derechos, dice abogado Benji Espinoza

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, afirmó que el jefe de Estado brindará su declaración ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en caso de que el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, rechace el requerimiento de tutela de derechos.

En diálogo con La República, el letrado precisó que existen tres escenarios mediante los cuales se dé la eventual declaración de Castillo Terrones: “recibir el pliego (de preguntas), acudir al despacho del fiscal de la Nación o que el fiscal de la Nación venga al despacho presidencial”.

“Esos tres escenarios son latentes y posibles, pero aún no se ha decidido cuál. En el escenario que no estimaran nuestro pedido de tutela de derechos y la investigación —mientras la apelación sigue su curso— continuase, ten la absoluta seguridad que el presidente va a brindar la declaración que pide la Fiscalía. Ahora, la forma, el modo (de declarar) es lo que está pendiente definir”, agregó.

Espinoza también apuntó que si el juez Juan Carlos Checkley accede al requerimiento “la diligencia quedaría sin efecto”. Indicó que la reunión que sostuvo en horas de la mañana con el mandatario y el abogado Eduardo Pachas fue para explicar detalles con miras a la audiencia de este miércoles 15.

Fiscalía reprograma citación al presidente

Este lunes, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso la reprogramación de la toma de la declaración del presidente Pedro Castillo, en calidad de investigado, para este viernes 17 de junio a las 10.00 a. m.

En un inicio, la cita estaba pactada para este 13 de junio; sin embargo, el abogado Benji Espinoza solicitó una nueva fecha a raíz de la audiencia de tutela de derechos de este miércoles.

En una entrevista con esta redacción, Espinoza consideró que investigar a un mandatario en funciones es como “abrir la caja de Pandora”: “Que al Presidente se le pueda pedir impedimento de salida del país, que se pueda montar en su contra videovigilancia, un agente encubierto, intervención en tiempo real de sus comunicaciones y todo lo que genera abrir una investigación contra una persona. Eso lo va a decidir el juez supremo”.