El juez Jorge Chávez Tamariz ha resuelto el último lunes que las empresas Westfield Capital Ltd. y First Capital sean incorporadas en calidad de investigadas al caso Odebrecht que se sigue contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos.
El magistrado del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó en este sentido el pedido que hizo meses atrás el fiscal José Domingo Pérez, quien conduce la investigación contra PPK y otro grupo de procesados entre los que se encuentran el exsocio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda: la exsecretaria personal de PPK, Gloria Kisic, y su exchofer José Bernaola.
Según la resolución, la Fiscalía acreditó que tanto Westfield como First Capital tuvieron una relación de contrato por “asesorías financieras” con Odebrecht para los proyectos de Trasvase Olmos y la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) en la época del gobierno de Alejandro Toledo. “Sin embargo, dicho acto era la forma de ingresar dinero maculado proveniente de un acuerdo colusorio que beneficiaba a los dueños y representantes de dichas empresas”, agrega el documento.
Ello también se demuestra, acorde con la Fiscalía, con el monto de US$64.637 que pagó Odebrecht mediante la concesionaria Trasvase Olmos a Westfield Capital entre 2004 y 2007 por las asesorías financieras recibidas; y en el US$1.132.287 que se pagó a First Capital entre 2006 y 2013 por el mismo concepto.
El Juzgado resaltó también que el contrato de “estructuración financiera” que hizo Westfield Capital con Odebrecht para el proyecto Interoceánica Sur se dio antes de que se aprobara la adjudicación de esta obra.
“El fiscal ha advertido que la manera de operar de las empresas denunciadas sería el resultado de un trabajo coordinado entre sus titulares, Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda Quezada, ya que no solo existía una relación de amistad, sino que se extendió hasta el ámbito laboral y económico”, indica el documento. Para el juez se admite la imputación de la Fiscalía sobre la “instrumentalización” de ambas empresas, que habrían sido utilizadas para recibir dinero ilícito.
Por todos estos argumentos se aprobó la inclusión de Westfield y First Capital al caso en calidad de investigadas abriendo la posibilidad de que, en una eventual acusación, la Fiscalía solicite contra ellas su disolución o liquidación definitiva, cierre temporal de actividades u otras sanciones.
La postura fiscal sostiene que PPK habría cometido lavado de activos en el marco de una organización criminal que estuvo integrada por él, su exsecretaria personal Gloria Kisic Wagner, su exchofer José Bernaola Ñuflo y el economista Gerardo Sepúlveda Quezada, entre los años 2003 y 2015.
Westfield Capital, empresa que dirigió y fundó PPK en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, asimismo, participó en el esquema de presunto blanqueo de dinero cuando recibió dinero de Odebrecht por asesorías financieras que hizo para los proyectos de la carretera Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) así como la obra de irrigación Trasvase Olmos.
Desde entonces, una serie de transferencias entre sus coinvestigados así como depósitos y fraccionamientos del dinero que también fue utilizado para pagar un inmueble de la propiedad de PPK estuvieron en la mira de la Fiscalía. Westfield, asimismo, habría intervenido también en el proyecto Rutas de Lima.
Por su parte, la empresa First Capital, que es representada por Gerardo Sepúlveda, también partició en asesorías financieras para las obras de IIRSA Sur y Trasvase Olmos. Por estos hechos, ambas fueron incorporadas a la investigación del caso Olmos que dirige el equipo especial Lava Jato en abril de 2021.
Actualmente, PPK cumplió arresto domiciliario desde el 2019, medida que venció en abril pasado y luego le fue ampliada por cuatro meses más hasta agosto de 2022. Entretanto, PPK también tiene impedimento de salida del país por los casos Interoceánica Sur y por presunto lavado de activos en su campaña presidencial del 2016.