El Congreso de la República aprobó esta semana una ley de impunidad y amnistía para los excandidatos que incurrieron en faltas en materia de financiamiento de campaña y que a la fecha tienen procesos de sanción en curso por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La norma fue aprobada el jueves con un masivo respaldo: fueron 91 votos a favor de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú.
Ahora bien. Ocho de los que votaron a favor hicieron de juez y parte, pues a la fecha tienen procesos abiertos para el pago de posibles multas, según información oficial de la ONPE. Pero, con el texto aprobado, estos parlamentarios quedarían libres del proceso sancionatorio.
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Esta ley surge luego de la presentación de dos proyectos presentados por los congresistas Enrique Wong Pujada (Avanza País) y Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre).
El texto final aprobado el jueves en el Pleno modifica varios artículos de la Ley de Organizaciones Políticas. Por un lado, reducen drásticamente las multas, pero, como si eso no fuera suficiente, también consignaron una fórmula para mandar al archivo los procesos de sanción actualmente en trámite.
Se trata, en este caso, de un párrafo que agregan dentro del artículo 36-B de la norma, donde fijan un plazo bastante corto para la prescripción (ver documento adjunto).
“El plazo de prescripción para que la ONPE determine la existencia de la infracción cometida por los candidatos es de 1 año, contados desde la comisión de la infracción”, dice la ley aprobada.
Resulta que muchos de los actuales congresistas fueron candidatos en el 2021 y tenían que presentar su primer informe de ingresos y gastos de campaña máximo el 19 de marzo. Pero no lo hicieron.
En su momento, La República informó que un total de 1.006 candidatos no habían cumplido con entregar este primer informe. Varios de estos omisos al final llegaron a ser congresistas.
Segundo intento. En apenas ocho meses, el actual Congreso ya tiene en agenda una segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, esta vez, con admisión a debate. Foto: difusión
Entonces, si la infracción se cometió el 19 de marzo, con la omisión de la información, al presente mes de abril ya prescribieron los casos, toda vez que en la ONPE hay un serio retraso en el procesamiento de los casos y no han llegado a la etapa final de determinar las infracciones.
Aproximadamente en julio del 2021 la ONPE emitió resoluciones disponiendo el inicio de procesos sancionadores, pero no llegaron a la etapa final de fijar la sanción o multa.
Por ello, cientos de candidatos se estarían salvando con la prescripción. Entre ellos, varios congresistas.
La República solicitó información oficial a la ONPE, respecto de casos concretos de congresistas con procesos disciplinarios abiertos. De este modo, logramos establecer que hay 12 legisladores con procesos (ver cuadro con resoluciones).
De estos 12, ocho no tuvieron reparos en votar a favor de la ley que hace prescribir sus expedientes abiertos en la ONPE.
Es el caso del fujimorista Jorge Morante que nunca entregó su primer informe en el 2021. Dos presentaron fuera del plazo: Raúl Doroteo (Acción Popular) y Edgar Tello (Perú Libre).
Tres vienen arrastrando procesos desde las elecciones complementarias del 2020, cuando no entregaron sus informes: Silvia Monteza y Luis Aragón, de Acción Popular, y Rosselli Amuruz (Avanza País).
Susel Paredes arrastra un proceso desde el 2018, cuando fue candidata a alcaldesa. Y Jeny López (Fuerza Popular) enfrenta un proceso por recibir aportes de fuente prohibida. Todos ellos votaron por una ley que archiva sus casos.
Este es otro caso en el que Fuerza Popular y Perú Libre votaron juntos por una contrarreforma.
La autógrafa aprobada el jueves ahora debe ser enviada al Poder Ejecutivo. El presidente Pedro Castillo tendrá que decidir si promulga el texto o lo devuelve al Congreso.
De los 130 congresistas, en total eran 34 los que en el 2021 tenían resoluciones sobre inicio de procesos administrativos sancionatorios por parte de la ONPE.
Es por ello que surgieron proyectos de ley para reducir las multas.
Los casos se redujeron y ahora quedan solo 12, según la ONPE.
Infografía - La República
Procesos de sanción prescribirán apenas en un año, si hasta entonces la ONPE no determina la infracción.
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