Robo de laptop retrasa control del caso Keiko Fujimori
Prórroga. Fiscal José Pérez pidió más tiempo para corregir su acusación contra presidenta de Fuerza Popular y otros en el caso Odebrecht, debido al hurto de una laptop que sufrió su adjunta.
El fiscal José Domingo Pérez solicitó ayer al juez Víctor Zúñiga que le otorgue más tiempo (15 días) para subsanar, corregir y precisar algunas imputaciones de la acusación que presentó en 2021 contra Keiko Fujimori y más de 40 personas involucradas en el caso Cócteles (Odebrecht).
Ello porque no pudo cumplir con el plazo que le fijó el juez semanas atrás debido a que el pasado 1° de abril la fiscal adjunta Paulina Roque padeció el robo de una laptop del equipo especial Lava Jato en su domicilio, en San Borja.
Según Pérez, esta circunstancia de fuerza mayor ha impedido que la Fiscalía pueda cumplir con el mandato judicial de presentar las correcciones a su acusación ayer 28 de abril.
“Han sustraído una herramienta de trabajo y demuestra que el hurto estuvo dirigido solo a ello”, dijo. En síntesis, informó que el robo del material reservado concerniente al caso contra la presidenta de Fuerza Popular había ocasionado el retraso en las labores de precisiones y correcciones en la acusación.
El juez Zúñiga se negó a conceder 15 días más como requería Pérez, pero reprogramó la audiencia para el siguiente viernes 6 de mayo al mediodía, con el objetivo de avanzar las audiencias de etapa intermedia (fase previa al juicio oral).
El magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria también señaló que, debido al incumplimiento de la Fiscalía, remitiría el incidente a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público para que se conozca dicha falta. El fiscal José Pérez estuvo de acuerdo con ello, y precisó además que asumían la responsabilidad de que esto tiene que ser ventilado ante la instancia disciplinaria y administrativa del Ministerio Público.
“Estoy justificando este incumplimiento, comunicaré los documentos que acreditan este hecho de fuerza mayor”, anotó.
Este incidente se generó el 18 de abril, exactamente, cuando el juez Zúñiga ordenó devolver la acusación fiscal a José Domingo Pérez con el objetivo de que realice modificaciones, aclaraciones y subsanaciones sobre el sustento de las pruebas, tipificación de delitos, individualización de los hechos contra tres acusados: Efraín Goldemberg, Adriana Tarazona y el partido Fuerza Popular. Desde entonces el juez ya se había negado también a conceder más tiempo al Ministerio Público para hacer las precisiones debido a que estas faltas se advirtieron desde el 23 de marzo pasado, cuando el fiscal admitió las observaciones de algunos abogados para hacer las correcciones en su acusación tras sustentar los hechos contra los implicados.
En la audiencia, los abogados de Carmela Paucará (exsecretaria de Keiko Fujimori), Arsenio Oré Guardia y Edward García Navarro (exabogado de Keiko) pidieron que se anule la decisión del juez que solo ordenaba al fiscal Pérez que precisara las imputaciones para tres acusados (Adriana Tarazona, Fuerza Popular y Efraín Goldemberg) y que, por el contrario, se ordenara también al Ministerio Público que individualizara sus cargos por obstrucción a la justicia y otros delitos contra Paucará, Oré y García. No obstante, Zúñiga rechazó sus pedidos aduciendo que su resolución era inapelable.
“En la etapa intermedia está prohibida además la presentación de escritos según el artículo 351 del Código Procesal Penal”, finalizó el juez.
Cargos por el caso Cócteles
La etapa intermedia de revisión de la acusación fiscal por el caso Cócteles se inició en agosto de 2021. En el requerimiento del fiscal Pérez se solicitaron 30 años de prisión para Keiko Fujimori, así como contra el “núcleo duro” de la organización que ella habría liderado al interior de Fuerza Popular: Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa. El caso abarca los delitos de organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsedad genérica.