El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, lleva seis meses con el cargo vencido. El Congreso, ente encargado de elegir a su reemplazo, ha instalado una comisión para ver el asunto hace apenas una semana. En tanto, Gutiérrez ha utilizado su puesto para solicitar la renuncia del presidente Pedro Castillo en varias oportunidades.
Cuando le consultaron cuándo dejaría el cargo, indicó que se quedaría hasta el 31 de marzo; pero al llegar la fecha correspondiente, no lo hizo. Tras cuestionamientos hacia su persona por el conflicto de intereses que mantiene, Gutiérrez finalmente anunció su salida para la próxima semana.
A continuación, revisaremos las polémicas que el saliente defensor del Pueblo deja tras de sí.
Walter Gutiérrez asumió el puesto de defensor del Pueblo en setiembre de 2016 para ejercer el cargo por cinco años. Aunque la fecha para dejar su mandato llegó en setiembre de 2021, Gutiérrez no se manifestó y se mantuvo al mando de la Defensoría del Pueblo hasta ahora.
En febrero de este año, tras surgir cuestionamientos hacia su permanencia en el cargo más allá de los cinco años en los que debía estar, Gutiérrez aseguró que se quedaría en el puesto hasta marzo de 2022 y no más allá de eso.
Llegó el 31 de marzo, pero no su renuncia. Por ello, Gutiérrez se volvió a pronunciar indicando que su fecha límite sería hasta la semana que viene, a finales de abril.
La falta de atención del Congreso fue una de las principales razones que propició que Walter Gutiérrez se mantenga como defensor del Pueblo, casi medio año después de haber concluido su mandato.
Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Congreso es la entidad encargada de designar a un defensor del Pueblo que pueda reunir los requisitos.
Además, el defensor del Pueblo puede asignar a un adjunto como encargado temporal en caso sea imposible que continúe en el cargo hasta que asuma un sucesor, precisa esta ley.
Esta figura ha sido usada por exdefensores del Pueblo, pero Gutiérrez no la contempló.
En febrero de 2022, mientras era entrevistado por el periodista Fernando del Rincón para la cadena CNN, el defensor del Pueblo pidió que el presidente Castillo renuncie.
“Ha tenido tantas conductas que están siendo en este momento tachadas o están siendo señaladas como actos de corrupción. Por todas estas razones no aceptaría (el cargo como jefe de gabinete) y más bien yo le invitaría a que renuncie”, aseveró.
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Cuando el periodista le preguntó si no temía que lo cuestionaran por haber solicitado algo así teniendo el puesto de defensor del Pueblo, Gutiérrez se comparó con otras personalidades que también han tenido el cargo y que resultaron incómodas para el Gobierno durante la dictadura de Alberto Fujimori.
Meses después, el 9 abril del mismo año, la Defensoría del Pueblo emitió un oficio dirigido al presidente Pedro Castillo en el que nuevamente se le solicitaba la renuncia al cargo de presidente, debido a los cuestionamientos que se dieron hacia el mandatario por las protestas y el paro de transportistas.
La misiva también enumera otros motivos, como la falta de transparencia del presidente al no hacer pública la lista de visitas que tuvo durante sus reuniones en Breña, y califica de inconstitucional la orden de inmovilización obligatoria que emitió el jefe de Estado el 5 de abril.
En una entrevista que La República realizó a Walter Albán, el también exdefensor del Pueblo consideró que el rol que estaba cumpliendo Gutiérrez parecía ser “el de un parlamentario más”.
Albán explicó que el rol de la institución de la Defensoría del Pueblo está basado en la capacidad de Gutiérrez para incidir como autoridad moral y ética.
El especialista indicó que las acciones de Gutiérrez deberían ser un poco más prudentes y no deberían sumarse a la oposición.
Ante los ejemplos que Gutiérrez dio sobre la dictadura fujimorista, Albán indicó que en esos casos es distinto, ya que lo que se percibía era un ambiente en el cual la Constitución fue dejada de lado.
“Hay situaciones más extremas en donde la Defensoría podría dar algún tipo de pronunciamiento más enérgico, dentro del marco constitucional, pero no es el rol del defensor del Pueblo ser un opositor más”, explicó.
En abril de 2022, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) emitió un informe en el que reportó que el aún defensor del Pueblo se encontraba en medio de un conflicto de intereses al haber contratado con el Estado por medio de su empresa editorial Gaceta Jurídica S. A., donde es accionista mayoritario.
Según lo concluido por el OSCE, Walter Gutiérrez en su puesto de defensor del Pueblo “se encuentra impedido para contratar con el Estado a nivel nacional durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después de cesar en sus funciones”, lo que significa que Gutiérrez no debería figurar dentro de ninguna contratación hasta abril de 2023.
Sin embargo, existen contratos estatales con su empresa durante los años 2016 al 2020, por lo que el OSCE determinó que existe un conflicto de interés.