Martín Vizcarra pide anular llamado de atención por incumplir regla de conducta

El investigado exmandatario Martín Vizcarra Cornejo solicitó a la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, que se anulara el llamado de atención que recibió en febrero último por incumplir supuestamente una regla de conducta.

La exhortación provino entonces por pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, quien lo investiga por el caso Club de la Construcción desde el 2020.

El 5 de diciembre del año pasado, Vizcarra publicó un tuit en el que sostuvo que “mi vacancia fue un plan orquestado por sectores políticos y económicos que compraron personas de mi entorno y se coludieron con un fiscal para lograr sus objetivos. Un año después, no existe prueba ni acusación en mi contra. La justicia debe revertir este atropello”.

A raíz de estas declaraciones, la Fiscalía indicó que aquello fue una vulneración de una de las reglas de conducta que se le dictó a inicios de 2021 junto con el impedimento de salida del país por 18 meses: “Prohibido ventilar información en medios de comunicación sobre la investigación fiscal y el proceso penal”.

Para la defensa de Vizcarra, la abogada Cristina Aranda, el llamado de atención debe anularse y declararse improcedente porque el exjefe de Estado “no indicó [en su tuit a] cual expediente o carpeta fiscal [se refería], tampoco mencionó el nombre de un testigo o a qué Fiscalía se trata, entidades públicas o empresas implicadas en los hechos”. Además, advirtió que era necesario deshacer la exhortación porque la Fiscalía podría usarla como un sustento para solicitar una futura prisión preventiva contra el expresidente.

Por su parte, el fiscal adjunto del equipo especial Lava Jato, Germán Castañeda, manifestó que el investigado “advierte temerariamente una especie de pacto con el Congreso que terminó vacándolo en 2020. Busca crear un clima hostil en la población hacia el sistema de justicia desprestigiando la labor del fiscal Germán Juárez Atoche”.

Agregó también que “lo que se hizo fue un llamado de atencion, una alerta para que corrija su actitud”. Al término de la sesión, Vizcarra intervino de forma virtual recalcando que su tuit fue “simplemente un comentario” y que “en absoluto hemos ventilado el proceso, no hablamos del proceso, del fiscal ni de colaboradores eficaces. Ese ultimátum me pone en una situación mucho más delicada de la que ya estoy”.

La jueza Margarita Salcedo Guevara anunció que decidirá en los siguientes días si corresponde confirmar el llamado de atención contra Vizcarra o lo anula.

Corrupción en Moquegua

El 16 de octubre de 2020, el fiscal Germán Juárez inició investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y otros implicados por dos hechos específicos de corrupción: sobornos para la contratación y ejecución del proyecto Lomas de Ilo y el hospital regional de Moquegua. Ambas durante la gestión de Vizcarra como gobernador de dicha región.

De acuerdo con los avances del despacho de Juárez, Vizcarra recibió S/1.000.000 por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi entre enero y abril de 2014, en dos pagos, a cambio de facilitar la buena pro a dicha empresa para el proyecto Lomas de Ilo, todavía inconcluso en la región actualmente.

Por el otro hecho, el expresidente habría solicitado un pago de S/1.300.000 a cambio de otorgar el visto bueno al consorcio ICCGSA- INCOT para ejecutar el hospital en Moquegua. En ambas obras hubo irregularidad y los casos se apoyan, en total, en la declaración de cinco colaboradores eficaces.

A inicios de 2021, el fiscal Germán Juárez pidió prisión preventiva contra Vizcarra; no obstante, el Poder Judicial impuso solamente impedimento de salida del país por 18 meses para el exjefe de Estado y una serie de limitaciones que fueron confirmadas en marzo del año pasado:

• No ventilar información en medios de comunicación sobre la investigación fiscal y el proceso penal.
• El pago de una caución de 100.000 soles, que luego fue aumentada en segunda instancia a S/250.000.
• La obligación de no salir fuera de la localidad en la que reside.
• Pasar por un control biométrico de manera mensual.
• Prohibición de comunicarse con investigados o cualquier vinculado con la investigación.
• No mantener contacto con entidades públicas o privadas o con instituciones que estén relacionadas a la investigación.