Desatinos del presidente Pedro Castillo abren camino a nuevas elecciones
Fase terminal. En una demostración de la debilidad de sus decisiones, el mandatario Pedro Castillo dejó sin efecto la inmovilización social. Politólogos entrevistados coinciden en que el jefe del Estado no es una garantía para la estabilidad del país, que debería dimitir y se convoque a un nuevo proceso electoral.
Luego de haberse librado del segundo intento de vacarlo por la oposición en el Congreso, el presidente Pedro Castillo, en lugar de solucionar el conflicto con los transportistas de carga pesada, siguió su propia agenda y durante cinco días ignoró el paro indefinido de los camioneros, a los que se sumaron los agricultores y ganaderos. Desgraciadamente, no fue el único desatino presidencial. Siguieron otros más que expandieron en todo el país las marchas que ahora exigían su renuncia y nuevas elecciones. Se salvó de la vacancia, pero no de la protesta de los sectores populares afectados por el alza de los combustibles y de los alimentos de primera necesidad.
Castillo insultó a los manifestantes, luego optó por el diálogo; sin embargo, poco después de anunciar medidas para reducir los costos de los combustibles y los principales alimentos de la canasta familiar, inesperadamente decretó, a última hora de la noche del lunes, la inmovilización social desde las dos de la mañana hasta la medianoche del martes. En medio de una lluvia de críticas por haber emitido dicha disposición sin sustento constitucional, por la tarde la dejó sin efecto, demostrando que su iniciativa carecía de fundamento porque no la defendía. O si tenía evidencias de que el martes se desataría una ola de saqueos en mercados y centros comerciales, el jefe del Estado no lo evidenció.
“Solo una absoluta desconexión con la realidad, alimentada por unos servicios de inteligencia que lo trabajan al susto, puede explicar un disparate como el de ordenar un toque de queda de 22 horas por razones de orden público. Ni los paros armados de Sendero Luminoso lograron semejante restricción de derechos fundamentales que más que un estado de emergencia fue un estado de sitio de facto. La masiva desobediencia civil arrinconó a Castillo que tarde y mal derogó el disparate. Jamás fue popular en Lima. Hoy se ha ganado a pulso el repudio popular”, explicó la periodista y abogada Rosa María Palacios.
Por eso, ahora los manifestantes reclaman su renuncia para evitar que sus continuos desatinos permitan el desgobierno y la violencia.
“El país amanece sorprendido por una medida tomada (de una manera) imprevista, inoportuna e inconstitucional, (por parte) de un gobierno que no sabe –y que no supo nunca– qué hacer, salvo los aventureros que trepaban como piratas al barco del Estado en busca del tesoro”, escribió el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, para quien la situación crítica ha franqueado el camino hacia su dimisión y nuevas elecciones.
“El presidente ya infringió la Constitución, como último eslabón de una seguidilla de desaciertos. Su permanencia es solo garantía de inestabilidad, desgobierno y mantención de los ductos de la corrupción. Su renuncia se hace necesaria, acompañada de un acuerdo nacional para salir de la crisis, dentro del marco de la Constitución y las leyes. Nuevas elecciones con reforma política, para tener algo de luz en este largo túnel de la oscuridad”, anotó Tuesta.
Los últimos incidentes confirman la incapacidad del jefe del Estado, según la evaluación del sociólogo y politólogo David Sulmont.
“La ineptitud para enfrentar las últimas protestas sociales se suma a la lista de errores autoinfligidos del gobierno de Pedro Castillo. A pesar de tener al frente una oposición bastante incapaz, es un camino que Castillo se ha labrado solo y que puede terminar con su mandato. La salida de la crisis debe seguir los cauces institucionales, creando condiciones para convocar un equipo de gobierno capaz que genere confianza, y abrir espacios de negociación política para soluciones de más largo plazo”, señaló Sulmont.
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Fuentes de este diario confirmaron que organismos de inteligencia comunicaron a Palacio de Gobierno que grupos vandálicos estaban listos para actuar en el Centro de Lima, pero el presidente Castillo optó por levantar la inmovilización social, sin adoptar medidas preventivas. Por eso, este tipo de violentos manifestantes, vinculados con el fujimorismo, actuaron en la noche del martes.
Indignación. Una multitud salió a exigir la salida de Castillo. Quisieron llegar al Congreso y fueron contenidos por la policía. Foto: John Reyes
Frente a frente
El Congreso pudo haber derogado el decreto supremo que ordenaba toque de queda en Lima y Callao, como lo explicó el abogado Luciano López. La pelota estaba en manos de la Junta de Portavoces que se reunió temprano para analizar la disposición del Gobierno. La congresista de Avanza País Adriana Tudela había presentado un proyecto de ley para suspender el decreto. Los voceros pudieron haber acordado convocar a un pleno extraordinario, discutir, votar y resolver el embrollo, pero no lo hicieron.
La Junta de Portavoces, al final, básicamente, pasado el mediodía, acordó emitir un comunicado exhortando al Ejecutivo a dar marcha atrás con la medida de inmovilización obligatoria, pero no anunció ninguna acción concreta para contrarrestar esta medida que afectó a las personas con menos recursos del país, que viven de su trabajo diario, en su mayoría de manera informal.
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“Exigimos al Poder Ejecutivo derogar este decreto supremo y no recurrir a medidas que restringen derechos fundamentales, como salida para solucionar esta crisis. Es incomprensible una medida dictada al filo de la medianoche, que ha perjudicado a la mayoría de la población que trabaja para poder llevar el alimento básico a diario a sus hogares”, decía el comunicado.
Pero también fue incomprensible por qué los voceros no hicieron más. Tampoco hizo nada la Comisión de Constitución, de la fujimorista Patricia Juárez, que cuando se trata de aprobar contrarreformas electorales elaboran dictámenes de manera exprés, pero en esta ocasión, ante el decreto del toque de queda, solo hicieron una sesión informativa con el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y emitieron pronunciamientos individuales.
El argumento, hasta ahí, era que en el Congreso aguardaban la presencia del presidente Pedro Castillo. Desde Palacio habían confirmado que el mandatario asistiría a las tres de la tarde, acompañado de sus ministros.
Como protesta y porque no hicieron caso a la propuesta de Tudela, la bancada de Avanza País anunció que no iba a participar en esa reunión. Horas después hizo lo mismo Fuerza Popular. “Antes de venir, el presidente ha tenido que derogar ese decreto con el que encierra a los limeños (...) Es una falta de respeto a los peruanos que se nos mantenga encerrados porque son incapaces de tomar las medidas de seguridad y porque fueron incapaces de negociar. Esta es una reunión en la que no tenemos agenda”, protestó Hernando Guerra García, vocero fujimorista.
Para la reunión fueron convocados, además del presidente y sus ministros, los integrantes de la Mesa Directiva del Legislativo y los portavoces. Los congresistas no agrupados fueron representados por Carlos Anderson, exintegrante de Podemos Perú, y Edward Málaga y Flor Pablo Medina, del Partido Morado.
El presidente Castillo llegó a las tres de la tarde. Se acercó a la prensa y dio un breve mensaje. “El 30 de setiembre (del año pasado), la presidenta del Congreso, su Mesa Directiva y la Junta de Portavoces nos visitaron en Palacio. Ahora les devolvemos la cortesía. Vamos a discutir la crisis de la pandemia que se ha agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania”, expresó el mandatario y se retiró sin responder las interrogantes de la prensa.
Castillo fue recibido por la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, quien lo secundó hasta la sala Miguel Grau. Ahí comenzó la sesión que, durante la primera hora, fue reservada, pero luego la Mesa Directiva permitió que el canal del Congreso la transmita. Así se pudieron visualizar los reclamos de los parlamentarios al mandatario. Por ejemplo, Flor Pablo Medina, del Partido Morado, le recriminó al presidente que haya decretado confinamiento en Lima y Callao sin tomar las previsiones correctas. Otros congresistas se expresaron también en esa línea.
Castillo no se quedó hasta el final de la reunión. Luego de anunciar que levantaba la inmovilización social, se retiró con el pretexto de que debía firmar el documento correspondiente. Hasta el cierre de esta edición, el presidente no lo hacía.
“Congreso legisla, no gobierna”
El presidente Castillo intervino: “Yo planteo que a partir del sábado nos sentemos a conversar con cada comisión que tiene el Congreso. Acá están los ministerios y estamos dando los espacios para que se trabaje”, propuso.
María del Carmen Alva le refutó: “Solo una aclaración, presidente: el Congreso legisla, no gobierna. La agenda la pone usted desde el Ejecutivo”.
El problema es que el mandatario no había llevado una agenda de soluciones y la titular del Parlamento se escudaba en eso, cuando horas antes ella pudo haber convocado al Pleno y someter a votación una ley que suspenda el toque de queda. Sin embargo, no lo hizo. “Nosotros no podemos cogobernar”, le reiteró Alva a Castillo.
El presidente, sin más que decir, le cedió la palabra al primer ministro Aníbal Torres, quien explicó la razón de haber declarado en emergencia a Lima y Callao. “La decisión se hizo por las informaciones que teníamos, de que se iba a producir una convulsión social y así ir a pedir la vacancia. Si vemos que ese peligro va desapareciendo, no tenemos ninguna dificultad para derogar esa norma”, manifestó Torres.
