El expresidente Martín Vizcarra Cornejo ha solicitado este jueves una autorización para viajar a Cuzco del 25 al 27 de febrero para cumplir con actividades de su partido político Perú Primero.
El requerimiento del exmandatario fue sustentado por su abogado, Fernando Ugaz Zegarra, quien explicó que se necesita el permiso en el caso Club de la Construcción, donde Vizcarra es investigado, “para que pueda tomar juramento a los miembros de los Comités Provinciales y pueda efectuarse el lanzamiento oficial de la inscripción del partido político Perú Primero. Son actividades muy importantes”.
“Mi patrocinado es expresidente de la República, político de formación, trabaja y ha trabajado en ámbitos políticos durante estos años que es de conocimiento público. Y los fines de los partidos políticos es representar la voluntad de los ciudadanos y realizar actividades para la formación de ciudadanos. Para eso lo convocan autoridades del Cuzco”, añadió Zegarra.
Por su parte, el fiscal Alexander Taboada, adjunto de Germán Juárez Atoche en el equipo especial Lava Jato, se opuso al pedido recordando que eran reiteradas las veces en que Vizcarra pedía ausentarse de su domicilio, una de las reglas de conducta que cumple desde noviembre de 2020 y está vigente por 18 meses hasta mayo de este año.
restricciones vizcarra
Taboada resaltó, además, que el pedido de Vizcarra no justifica ni especifica su presencia en Cuzco ya que podía hacerlo de forma virtual. Vizcarra, en una breve intervención, pidió que “no se me discrimine” y se le permita viajar como se ha hecho con otros líderes políticos como Kenji y Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, entre otros que también tienen investigaciones en curso.
La jueza Margarita Salcedo Guevara, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, decidirá en las próximas horas si autoriza o no el viaje a provincia.
El 16 de octubre de 2020, el fiscal Germán Juárez inició investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y otros implicados por dos hechos específicos de corrupción: sobornos para la contratación y ejecución del proyecto Lomas de Ilo y el hospital regional de Moquegua. Ambas durante la gestión de Vizcarra como gobernador de dicha región.
De acuerdo con los avances del despacho de Juárez, Vizcarra recibió S/1.000.000 por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi entre enero y abril de 2014, en dos pagos, a cambio de facilitar la buena pro a dicha empresa para el proyecto Lomas de Ilo, todavía inconcluso en la región actualmente.
Por el otro hecho, el expresidente habría solicitado un pago de S/1.300.000 a cambio de otorgar el visto bueno al consorcio ICCGSA- INCOT para ejecutar el hospital en Moquegua. En ambas obras hubo irregularidad y los casos se apoyan, en total, en la declaración de cinco colaboradores eficaces.
A inicios de 2021, el fiscal Germán Juárez pidió prisión preventiva contra Vizcarra; no obstante, el Poder Judicial impuso solamente impedimento de salida del país por 18 meses para el exjefe de Estado y una serie de limitaciones que fueron confirmadas en marzo del año pasado: